Revisión del CPJ aclara que algunos reporteros muertos en Gaza eran milicianos

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha emitido un informe en el que señala que 19 de los palestinos que habían sido clasificados como periodistas o trabajadores de medios y que murieron a causa del fuego israelí, eran en realidad milicianos o participantes en actividades de combate. Esta revisión se produce en el contexto del conflicto en Gaza, donde el CPJ ha contabilizado un total de 191 periodistas y trabajadores de medios palestinos fallecidos desde el inicio de la guerra.

La organización, que tiene su sede en Nueva York, actualiza regularmente sus conclusiones a medida que se obtiene nueva información. En su revisión, el CPJ eliminó a tres palestinos de su lista original, debido a la falta de evidencia que confirmara su rol como periodistas. Sin embargo, también restituyó seis casos, entre ellos dos periodistas israelíes que perdieron la vida durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el cual marcó el inicio del conflicto.

La directora ejecutiva del CPJ, Jodie Ginsberg, enfatizó la importancia de la precisión y credibilidad en la investigación del organismo. "La precisión y la credibilidad de la investigación del CPJ son fundamentales para nuestra misión", declaró Ginsberg en un comunicado. Además, destacó que las determinaciones se basan únicamente en la definición de periodista del CPJ, sin considerar la afiliación política o las opiniones de los individuos, ni ceder a presiones de gobiernos o grupos de interés.

A pesar de la revisión, el CPJ sostiene que las fuerzas israelíes son responsables de la gran mayoría de los asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en el mundo desde el año 2023. Entre los fallecidos se encuentra Mariam Dagga, una periodista visual que colaboraba con The Associated Press y otros medios, quien murió junto a otras 21 personas en un ataque israelí contra un hospital en Gaza en agosto de 2025.

Por su parte, Israel ha negado las acusaciones de atacar a periodistas, argumentando que varios de los reporteros fallecidos eran miembros de Hamás o de otros grupos armados que se hacían pasar por comunicadores. En algunos casos, el país ha presentado pruebas de estos vínculos, las cuales han sido rechazadas por los empleadores de los periodistas.

Las críticas hacia Israel se han intensificado, acusándolo de atacar deliberadamente a periodistas para suprimir la cobertura del conflicto. Desde el inicio de la guerra, Israel ha restringido la entrada de reporteros extranjeros a Gaza, permitiendo solo visitas breves organizadas por el ejército.

El CPJ también ha señalado que los obituarios de Hamás y otros grupos armados, publicados tras un acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025, identificaron a varios combatientes que anteriormente habían sido clasificados como periodistas por el CPJ. Esto llevó a la organización a iniciar una revisión interna en junio y a contratar a un auditor para examinar sus hallazgos.

Desde el ataque del 7 de octubre, el CPJ ha retirado un total de 27 nombres de su lista de periodistas fallecidos, tras determinar que estaban involucrados en combates o pertenecían a grupos milicianos. Además, otros nueve fueron eliminados por diversas razones. La lista actualizada también incluye a un periodista palestino que fue asesinado por una milicia palestina y a cuatro israelíes que fueron víctimas de Hamás.

El derecho internacional considera a los periodistas como civiles, independientemente de sus opiniones o afiliaciones, a menos que participen en hostilidades. Sin embargo, Israel sostiene que algunos milicianos han utilizado la protección de los periodistas para recopilar información y atacar a sus fuerzas.

Los grupos armados como Hamás operan medios de comunicación, partidos políticos y otras instituciones civiles junto a sus alas militares, lo que complica la distinción entre periodistas y combatientes. El CPJ ha revisado sus criterios para excluir de su lista a aquellos que son miembros activos de cualquier grupo militar.

La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, es parte de la junta directiva del CPJ. En el ataque del 7 de octubre, Hamás mató a cerca de 1.200 personas, mayormente civiles, y tomó 251 rehenes. Los últimos rehenes fueron liberados en un acuerdo de alto el fuego alcanzado hace casi un año.

La respuesta israelí ha resultado en la muerte de casi 74.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y milicianos, pero que estima que alrededor de la mitad de las víctimas eran mujeres y niños. Este ministerio, vinculado al gobierno de Hamás, mantiene registros que son considerados fiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Israel sostiene que sus ataques están dirigidos únicamente a milicianos y que se toman medidas para evitar bajas civiles, responsabilizando a Hamás por operar en áreas residenciales densamente pobladas. Sin embargo, importantes grupos de derechos humanos y expertos han acusado a Israel de genocidio, una acusación que el país rechaza con firmeza.