Retos y compromisos por la seguridad en la Selva Maya entre tres países

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Proteger la selva que se extiende entre México, Guatemala y Belice fue más allá de la declaración de 5,7 millones de hectáreas como reserva natural en el recién nombrado Corredor Biocultural Gran Selva Maya. Implicó voluntad política y muchos recursos para luchar contra quienes la destruyeron, tanto explotaciones agro-ganaderas, mineras o madereras como el crimen organizado que se movió por esas tierras, coincidieron todos los involucrados.

Los tres gobiernos se comprometieron a hacerlo pero los retos fueron muchos y también la desconfianza de algunos sectores dada la destrucción que ya hubo de gran parte de esta selva — la segunda mayor reserva del continente tras la Amazonía — que guardó el 12% de la biodiversidad mundial.

En entrevistas, ministras de Guatemala y México subrayaron su determinación de reforzar la seguridad del nuevo corredor trinacional y su intención de evitar nuevos proyectos destructivos.

“Lo primero es que las fuerzas de seguridad empiecen a tener presencia”, dijo la titular guatemalteca de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes. La razón fue simple: “la biosfera maya se quedó abandonada y cooptada en buena medida por mafias”, señaló.

“Esta no es una batalla principalmente ambiental, estamos hablando que el Estado de Guatemala tiene que tomar control nuevamente de su territorio” porque quedó “libre” para todo tipo de tráfico.

Grupos ambientalistas denunciaron que la selva, a ambos lados de la frontera, estuvo salpicada de pistas de aterrizaje clandestinas para aviones cargados de cocaína, contrabandistas que transportaron migrantes hacia el norte y taladores ilegales de árboles. Para controlar todas estas actividades, la secretaria mexicana de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, afirmó que debieron implicarse todos los niveles de gobierno de los tres países. “No vamos solos a cuidar la selva nosotros, nos tiene que ayudar (la Secretaría de) Seguridad”, dijo.

De hecho, México y Guatemala programaron para octubre una nueva reunión para reforzar la cooperación en seguridad e inteligencia.

Sin embargo, desplegar policías o militares no pareció suficiente, como se comprobó en el fronterizo estado mexicano de Chiapas, donde no se logró reducir la presencia de los cárteles. Además, en muchas zonas, las propias comunidades se involucraron en actividades ilícitas bien porque no tuvieron otra opción o para tener una entrada adicional de recursos.

El abogado y activista medioambiental guatemalteco Rafael Maldonado consideró vital “convertir a las comunidades señaladas de participar en narcotráfico en aliadas del parque”. En la selva guatemalteca había casi un centenar de asentamientos irregulares, según datos oficiales, varios de los cuales fueron vinculados con el narcotráfico y las explotaciones agrícolas y ganaderas ilegales.

La ministra Orantes aseguró que una prioridad fue la generación de alternativas económicas. México quiso aprovechar los recursos de uno de sus planes sociales estrella, Sembrando Vida, que tuvo unos 2.000 millones de dólares de fondos para reorientar prioritariamente a esta región, explicó Bárcena.

El programa, lanzado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 como un plan de reforestación, dio apoyos directos a quien sembrara árboles frutales y maderables, aunque suscitó críticas. El estadounidense World Resources Institute (WRI) denunció en 2021 que había provocado la deforestación de 73.000 hectáreas de selva en Campeche: los campesinos las talaron para recibir la ayuda.

Bárcena dijo que el programa estuvo en evaluación y se ajustaría para que cumpliera fines medioambientales. Juan Carlos Franco, experto en sustentabilidad y acción climática que trabajó en el sur mexicano, reconoció que se requirió la figura del Estado “como garante, como gestor” de todo el plan de protección de la selva, pero subrayó que fue imprescindible operar con la sociedad civil y aprender de experiencias exitosas de comunidades que supieron “no pelearse con la delincuencia” y de algún modo convivir con ella para defender su territorio.

“Las comunidades organizadas con fines vinculados al manejo biocultural del territorio pueden trascender a pesar del crimen, ese fue el mensaje más revelador”, indicó.

Otro de los retos sobre la mesa fue poner freno a los grandes proyectos que prometieron desarrollo económico pero que destruyeron gran parte de esta selva, como los 1.500 kilómetros del mexicano Tren Maya, una infraestructura tremendamente polémica y criticada que Belice quiso extender a su territorio. La ministra de Guatemala, aseguró que no habría posibilidad de que en el gobierno de Bernardo Arévalo se permitiera la entrada de megaproyectos porque cuando se abría una vía de acceso en la selva era muy difícil detener todos los procesos de ocupación que vienen después.

De hecho, su gobierno optó por no renovar un contrato de una empresa petrolera que funcionó por 40 años en la biosfera maya guatemalteca. En el caso mexicano, Bárcena dijo que el Tren Maya es ya un hecho y recordó que esa red ferroviaria está fuera de la reserva trinacional ahora decretada. Aseguró que su ministerio trabaja para paliar parte de los problemas que generó aunque, paradójicamente, lo hace con empresas del ejército mexicano, el mismo que construyó gran parte de la red ferroviaria que provocó esos problemas.

Añadió que para frenar futuros planes que se consideren dañinos, cualquier tipo de iniciativa en la reserva tendrá que pasar por un consejo de autoridades ambientales, ministeriales, técnicas y un consejo asesor de autoridades indígenas. Esta misma semana quedó conformado un consejo ministerial trinacional, donde se elaborará un plan de trabajo y cómo se gestionará el tema financiero.

“Creemos que podemos movilizar internacionalmente alrededor de unos cinco millones de dólares, para comenzar, con el Global Environmental Facility y también quizás un millón de dólares más con la Agencia Mexicana de Cooperación, que allí ya nos daría una primera entrada para poder empezar a trabajar”, agregó.

En septiembre está prevista la primera reunión de seguimiento. “No queremos hacer cualquier cosa allí, no queremos que sea una agenda de cooperación internacional, ni una agenda de empresas”, subrayó la guatemalteca Orantes. “Queremos que sea una agenda de la Selva Maya”.