Eutanasia
20/06/2025 | 13:42
Redacción Cadena 3
LONDRES (AP) — El viernes, el Parlamento del Reino Unido aprobó un proyecto de ley que permitirá a los adultos con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales optar por la muerte asistida, acercándolo a su conversión en ley.
Este respaldo a lo que se conoce como “muerte asistida” —también mencionado como “suicidio asistido”— podría constituir uno de los cambios más significativos en la política social británica desde la parcial legalización del aborto en 1967.
Los parlamentarios votaron 314 a 291 a favor del Proyecto de Ley para Adultos con Enfermedades Terminales (Fin de la Vida), tras un intenso debate. La diferencia de 23 votos fue menor a los 55 de la última discusión sobre el tema, llevada a cabo en noviembre, lo cual indica que algunos legisladores alteraron su posición en los meses intermedios.
Desde noviembre, el proyecto fue revisado en múltiples ocasiones, lo que originó modificaciones en la iniciativa legislativa, liderada por Kim Leadbeater, la diputada laborista que la propuso.
“Reconozco que es un momento crucial para el país”, declaró a Sky News después de la votación. “Fue un gran alivio porque esto es lo correcto”.
El proyecto ahora se dirige a la Cámara de los Lores, compuesta por miembros no electos, que puede modificar o postergar la legislación, aunque no tiene potestad para revocar la decisión de la cámara baja.
El proyecto permitirá a los adultos con enfermedades terminales mayores de 18 años en Inglaterra y Gales, que se encuentren en una situación de vida inferior a seis meses, solicitar una muerte asistida. Esta legislación no se aplica a Irlanda del Norte o Escocia, que están llevando a cabo sus propias deliberaciones sobre el asunto.
Uno de los cambios más significativos desde noviembre fue la eliminación del requisito de aprobación judicial para cualquier decisión. Este aspecto había generado oposición entre varios profesionales del ámbito legal.
A partir de ahora, cualquier solicitud necesitaría la aprobación de dos médicos y un panel que incluirá a un trabajador social, un jurista de alto nivel y un psiquiatra.
Además, se implementaron modificaciones para asegurar la presencia de defensores independientes para personas con discapacidades de aprendizaje, autismo o problemas de salud mental, y se formará una junta asesora sobre discapacidad.
Una vez que obtenga la venia de los médicos y del panel, el paciente con enfermedad terminal tendría que administrar los medicamentos letales por su propia cuenta.
Otro cambio significativo establece que “ninguna persona”, incluidos médicos, trabajadores sociales y farmacéuticos, estará obligada a participar en este proceso.
El proyecto ha generado divisiones entre los legisladores durante meses. La votación fue libre, lo que implica que los parlamentarios decidieron de acuerdo a su conciencia en lugar de seguir las líneas partidistas, formando así alianzas entre miembros de diferentes partidos.
Defensores del proyecto sostuvieron que los pacientes terminales deben tener la opción de poner fin a su sufrimiento. Argumentaron que la situación actual discrimina a las personas de bajos recursos, ya que los adinerados pueden viajar a Suiza, donde se permite que los extranjeros lleven a cabo la muerte asistida legalmente, mientras que otros pueden enfrentar riesgos legales por ayudar a un ser querido a morir.
Sin embargo, opositores advirtieron que los grupos más vulnerables, como personas con discapacidades y ancianos, podrían estar en riesgo de ser forzados a solicitar el fin de sus vidas por presión económica o para reducir la carga sobre sus familias.
Ambos lados coincidieron en la necesidad de mejorar los cuidados paliativos y de aumentar la inversión en hospicios para aliviar el sufrimiento de los pacientes.
Las emociones se intensificaron fuera del Parlamento, donde miles de personas se congregaron para hacer escuchar sus voces. Los defensores portaban indumentaria con la frase “Campaña por la Dignidad en el Morir”, mientras que los opositores levantaban pancartas instando a los legisladores a no transformar al Servicio Nacional de Salud (NHS) en el “Servicio Nacional de Suicidio”.
Los partidarios lloraron, saltaron y se abrazaron al conocer el respaldo al proyecto de ley. “Esto es para todas las personas que no pudieron estar aquí hoy”, expresó Sarah Wootton, directora ejecutiva de Dignity in Dying. “Este voto envía un mensaje claro. El Parlamento está con el público y el cambio está llegando”.
La legislación ahora se encuentra en la Cámara de los Lores. Cualquier enmienda será devuelta a la Cámara de los Comunes.
También existe la posibilidad de que esta política sea disputada en los tribunales. Grupos opositores como “Right To Life U.K.” y “Care Not Killing” anunciaron que no cesarán en su lucha tras la votación.
Los defensores del proyecto estiman que su implementación tomará cuatro años, en lugar de los dos inicialmente propuestos, lo que podría llevar a que la ley se promulgue en 2029, coincidiendo con la siguiente elección general.
Posición del gobierno
El gabinete no presenta consenso en relación a la medida.
El primer ministro Keir Starmer respaldó el proyecto de ley, mientras que su secretario de salud, Wes Streeting, se pronunció en contra.
El gobierno se comprometió a respetar el resultado.
No obstante, persisten interrogantes sobre el costo y el efecto que tendrá en el NHS, la atención en hospicios y el sistema judicial.
Otros países donde se ha legalizado el suicidio asistido incluyen Australia, Bélgica, Canadá, y varias regiones de Estados Unidos, con regulaciones sobre elegibilidad que varían según la jurisdicción.
El suicidio asistido se distingue de la eutanasia, permitida en los Países Bajos y en Canadá, donde los profesionales de salud llevan a cabo la inyección letal a solicitud del paciente en circunstancias específicas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]
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