Protestas en Bolivia: la crisis del gobierno de Rodrigo Paz en su sexto mes

Desde su llegada al poder hace seis meses, el presidente Rodrigo Paz generó expectativas en un país que atraviesa su peor crisis económica en décadas. Sin embargo, ese optimismo se ha desvanecido rápidamente. 

El líder centrista se enfrenta a la cuarta semana de protestas y bloqueos por parte de manifestantes que piden su renuncia, argumentando que no ha abordado los problemas críticos que afectan a la población.

Tras asumir el cargo, Paz logró resolver las largas colas en las gasolineras mediante la garantía de importaciones de combustible, además de restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos y otros países de la región. 

Sin embargo, la desilusión se ha apoderado de muchos bolivianos. Grupos de campesinos e indígenas han bloqueado las principales ciudades, lo que ha llevado a la escasez de alimentos, combustible y suministros médicos. En medio de esta crisis, crecen los llamados a que el presidente declare un estado de excepción.

Las protestas tienen raíces profundas. Antiguos seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que dominó Bolivia durante años y que ayudó a Paz a llegar al poder, expresan su preocupación por la falta de representación en el actual gobierno. Poco después de asumir, el presidente llegó a acuerdos con partidos más conservadores en el Congreso, excluyendo al vicepresidente populista, considerado por muchos como responsable de su éxito electoral.

Una de las decisiones más controvertidas de Paz fue la eliminación de subsidios a los combustibles, lo que resultó en un aumento de precios de casi el 90%. Esto generó quejas entre los transportistas, quienes denunciaron que la gasolina estaba contaminada y dañaba sus vehículos. 

Para mitigar el impacto, el gobierno ofreció transferencias de efectivo a familias vulnerables y aumentó el salario mínimo en un 20%. No obstante, desestimó las demandas de nuevos aumentos salariales, lo que enfureció a los sindicatos.

Los bloqueos de carreteras han tenido un impacto significativo en la capital, La Paz, donde más de 1,6 millones de habitantes pueden quedar aislados debido a la geografía del lugar. Esta estrategia ha sido utilizada históricamente por los movimientos indígenas, que en el pasado lograron derrocar gobiernos a través de tácticas similares. 

En 2003 y 2005, manifestantes que bloquearon la ciudad en protesta por los intereses extranjeros sobre las reservas de gas natural lograron el derrocamiento de dos gobiernos, allanando el camino para el ascenso de Evo Morales, fundador del MAS.

En la actualidad, los bloqueos están asfixiando a La Paz, con miles de camiones de alimentos y suministros médicos varados en las carreteras. La situación ha llevado a las fuerzas de seguridad a utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, resultando en más de 120 arrestos, muchos de los cuales fueron liberados posteriormente. Sin embargo, Paz se ha resistido a los llamados a utilizar una mayor fuerza para romper los bloqueos, insistiendo en la necesidad de diálogo, aunque hasta ahora sin resultados concretos.

El ex presidente Evo Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, ha propuesto la convocatoria a nuevas elecciones, mientras que el gobierno lo acusa de alentar las protestas. Los analistas creen que Morales, enfrentando cargos judiciales, ha perdido poder de convocatoria y busca aprovechar la situación para recuperar relevancia política. Actualmente, se encuentra en su bastión cocalero en Chapare, donde ha evadido la justicia.

En medio de esta crisis, gobiernos aliados del presidente Donald Trump en América Latina han expresado su apoyo a Paz y han denunciado las protestas como desestabilizadoras. Sin embargo, el presidente colombiano Gustavo Petro ha defendido las manifestaciones, calificándolas como una lucha por la dignidad latinoamericana, lo que llevó a Bolivia a expulsar al embajador colombiano. Estados Unidos ha calificado los disturbios como un intento de golpe de Estado.