Perú: Congreso anunció ley que amnistía a violadores de derechos humanos armados

LIMA (AP) — El día miércoles, el Congreso peruano dio luz verde a una ley que exonera de responsabilidad penal a uniformados y civiles condenados o procesados por severas violaciones de derechos humanos, comprendiendo asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales ocurridas durante el conflicto armado que se desarrolló entre 1980 y 2000.

Esta normativa será enviada a la presidenta Dina Boluarte, quien tiene la opción de promulgarla, devolverla con observaciones o no actuar al respecto. En caso de optar por la última alternativa, el Parlamento podría llevar a cabo su promulgación en 15 días. La ley fue aprobada en una segunda votación gracias a los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y de Alianza para el Progreso, del gobernador César Acuña.

La aplicación de esta amnistía podría resultar en la impunidad para 156 casos que ya cuentan con sentencias firmes y más de 600 procesos en curso, de acuerdo a la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición compuesta por 74 organizaciones que han trabajado por la defensa de los derechos humanos y han litigado durante largas décadas en numerosos casos judiciales.

El Congreso tomó esta decisión a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máxima instancia regional en la materia a la que Perú está suscripto, ha emitido en dos ocasiones previas (en 2001 y 2006) sentencias que declaran la invalidez de las leyes de amnistía, también indicando que carecen de efectos jurídicos.

Según los abogados defensores de derechos humanos, con esta ley podrían quedar libres varios individuos condenados, incluyendo a un grupo de militares que secretamente asesinaron a un total de 25 peruanos, bajo la supervisión del extinto expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Este último, aunque fue condenado y encarcelado entre 2007 y 2023, recibió un indulto presidencial en este último año.

Uno de los nombres mencionados es Telmo Hurtado, conocido como el “carnicero de los Andes”, quien fue condenado en 2016 a 23 años de prisión por dirigir una matanza en la aldea de Accomarca en 1985, que resultó en la muerte de 69 campesinos, entre ellos 22 niños. Hurtado, que fue extraditado desde Estados Unidos en 2011, admitió haber asesinado personalmente a 31.

Al momento de la masacre, Hurtado declaró ante una comisión del Congreso que “uno no se puede confiar en una mujer, un anciano o un niño”. En aquella época, el Ejército argumentó que el hecho fue aislado y que el exmilitar padecía de “locura temporal”, aunque durante su juicio, Hurtado confesó que sus superiores le instaron a actuar de esa manera.

El legislador Fernando Rospigliosi, del partido Fuerza Popular, expuso en junio que hay 1.092 militares y policías bajo proceso judicial, de los cuales solo 38 han sido condenados en un lapso de 35 años. “Muchos ya no están con nosotros, otros envejecen en silencio sometidos a interminables trámites judiciales”, agregó.

Según una comisión dedicada a analizar el periodo de violencia política en Perú, la mayoría de las víctimas del conflicto eran indígenas, quienes quedaron atrapados entre los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad y el grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta comisión ha estimado que el conflicto dejó cerca de 70.000 muertos, incluidos más de 20.000 desaparecidos.