Perdón del Estado colombiano a comunidad neutral por violaciones de derechos humanos

BOGOTÁ (AP) — El presidente Gustavo Petro solicitó disculpas públicas el jueves al representar al Estado colombiano, dirigiéndose a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Este acto se enmarcó dentro del conflicto armado interno, y fue una respuesta a las violaciones de derechos humanos en las que participaron agentes estatales.

Desde 1997, un grupo de campesinos se unió para formar esta comunidad, proclamándose como una población civil neutral que decidió no colaborar con actores armados en la región noroeste de Colombia. Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado en el Palacio Presidencial, Petro cuestionó: "¿No es este un hecho de ignominia? ¿No fueron militares de Colombia los que mataron directamente a muchos, la mayoría de los asesinados, en San José de Apartadó?".

Las disculpas ofrecidas forman parte de una resolución amigable alcanzada este año, después de más de dos décadas de litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su presentación, la Comunidad de Paz reportó numerosas violaciones de derechos humanos por parte de miembros del Estado, así como de grupos guerrilleros y paramilitares.

Aunque se autoproclamaron neutrales, múltiples actos de violencia, como desplazamientos forzados y una masacre ocurrida en 2005, marcaron su historia. En este ataque, tanto militares como paramilitares asesinaron a ocho personas, incluyendo un bebé, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El presidente Petro lamentó que el Ejército de Colombia no haya aprendido los valores de la humanidad, agregando: "Ojalá se eduque en profundidad en los valores de la humanidad, para que ningún oficial más en el futuro se atreva a levantar un arma contra el pueblo, como sucedió en San José de Apartadó".

La Comunidad de Paz denunció que la presencia de la fuerza pública fue un catalizador para que los ataques de la insurgencia proliferaran, transformando su localidad en un "campo de batalla".

El acuerdo que terminó con el litigio incluyó el compromiso del Estado de erigir un monumento en memoria de las víctimas del conflicto armado, además de la instalación de placas y murales que preserven la memoria del acontecimiento. También se indicó la creación de un grupo especial de fiscales para acelerar las investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos.

Colombia logró la desmovilización de grupos paramilitares en 2005, tras entregarse a la justicia a cambio de penas reducidas, y firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Sin embargo, el país continúa enfrentando desafíos con otros grupos ilegales, incluyendo disidencias de las FARC, con las cuales el actual gobierno busca establecer diálogos de paz.