Ordenan liberar a ex primera ministra detenida preventivamente por presunta rebelión en Perú

LIMA (AP) — El Tribunal Constitucional de Perú ordenó el miércoles liberar a una ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo quien estaba en prisión preventiva por su presunta coautoría en el delito de rebelión luego que el entonces mandatario intentó disolver el Parlamento el 7 de diciembre de 2022.

El más alto tribunal en temas constitucionales ordenó que Betssy Chávez, una abogada de 36 años, sea liberada durante la jornada luego de declarar fundado un recurso que la política planteó en contra de la prolongación de su detención en la única cárcel de mujeres de Lima desde mediados de 2023.

“Disponer que, en el día, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emita la resolución de excarcelación de la beneficiaria”, se ordena en la decisión que se tomó con cinco votos a favor y dos en contra.

La defensa de la ex primera ministra argumentó que se vulneraron los derechos a la libertad personal, integridad física y salud tras vencerse el 19 de diciembre de 2024 el total de los 18 meses de prisión preventiva que la justicia ordenó.

El tribunal precisó que la ampliación de la orden de prisión preventiva se ordenó una semana después de que venció la primera orden dispuesta a la exfuncionaria.

La fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel contra Chávez y 34 años de prisión contra Castillo. El proceso empezó en marzo.

La ex primera ministra fue trasladada el lunes a un hospital público de Lima luego que inició una huelga de hambre hace nueve días por presuntos maltratos de los agentes carcelarios.

El 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Castillo intentó disolver el Parlamento peruano, pero el Legislativo lo destituyó y su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder. Hubo tres meses de protestas en los Andes del sur que exigían la renuncia de Boluarte y del Parlamento, pero las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia las manifestaciones las cuales dejaron 50 civiles asesinados.

Castillo — cuya gestión empezó en 2021 y estuvo marcada por varios escándalos de corrupción — fue detenido y condenado a tres años de prisión preventiva mientras asiste a un juicio por el presunto delito de rebelión.