ONU exige a Guatemala garantizar rendición de cuentas por abusos a derechos humanos en empresas

CIUDAD DE GUATEMALA — Durante una visita de diez días a Guatemala, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU emitió un informe preliminar en el que solicita al Estado guatemalteco que garantice la rendición de cuentas por "violaciones y abusos" a los derechos humanos relacionados con actividades empresariales. La delegación, liderada por las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakuleviciene, mantuvo reuniones con empresarios, autoridades locales, trabajadores, sindicatos y el presidente Bernardo Arévalo.

En el informe, Hopenhaym destacó que "los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados en asuntos que afectan sus derechos, incluidos los derechos culturales". Sin embargo, la experta observó que las consultas a menudo se realizan de manera tardía, ya que frecuentemente se otorgan licencias y permisos a las empresas antes de llevar a cabo tales consultas, lo que ha conducido a numerosos conflictos.

El informe también señala que la capacidad de Guatemala para proteger los derechos humanos y regular las actividades empresariales se ve obstaculizada por uno de los niveles más bajos de recaudación tributaria en relación al PIB en comparación con otros países de América Latina y el Caribe. Las expertas recibieron denuncias sobre la "influencia indebida del sector privado en procesos legislativos, administrativos y judiciales", lo que podría comprometer la rendición de cuentas.

Además, se abordaron temas relacionados con la salud de los trabajadores en sectores como la agricultura, donde algunos se ven obligados a consumir analgésicos y bebidas energizantes para cumplir con largas jornadas laborales, lo que pone en riesgo su bienestar. Jakuleviciene subrayó que estos testimonios evidencian los impactos negativos en los derechos humanos asociados a actividades como la minería, la energía y la agricultura.

A pesar de los desafíos, el grupo también reconoció avances en la protección de los derechos de las comunidades, destacando que se han habilitado vías para que las comunidades y pueblos indígenas puedan impugnar proyectos que consideran perjudiciales para sus territorios. La presentación del informe final se realizará ante la Asamblea de Naciones Unidas a mediados del próximo año.