ONU condena a Guatemala por caso de niña violada y forzada a ser madre

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, anunció que el Estado guatemalteco tiene responsabilidad en el caso de una niña que quedó embarazada tras haber sido violada, a quien se forzó a llevar su embarazo a término y asumir la maternidad; una acción catalogada como tortura.

"Para el Comité, esta situación vulneró su derecho a una vida digna y a la autonomía reproductiva, constituyendo un trato equivalente a la tortura", señaló en un comunicado.

En 2019, varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres elevaron ante el Comité el caso de cuatro niñas que enfrentaron la misma situación en Nicaragua (dos de ellas), Ecuador y Guatemala. El 20 de enero de este año, el Comité condenó a ambos países por la violación de derechos de las víctimas, quienes también fueron sometidas a maternidad forzada luego de abusos sexuales y se les impidió el acceso a la interrupción del embarazo.

Detalles del caso

En Guatemala, la víctima, identificada como Fátima (nombre ficticio por razones de seguridad), fue violada a los 14 años por el exdirector de una guardería pública, durante el período de 2009 a 2010.

El comité explicó que el agresor mantuvo contacto con la familia de Fátima tras los abusos, ganándose su confianza al brindar apoyo económico. Cuando la madre de la niña se enteró de la violación, presentó una denuncia, pero posteriormente recibió amenazas y sobornos del agresor y su familia para que la retirara.

"Ninguna niña debería ser obligada a llevar en su vientre al hijo de su violador. Hacerlo destruye su dignidad, futuro y derechos fundamentales", afirmó Hélène Tigroudja, integrante del Comité, enfatizando que es un acto de cruel injusticia.

A pesar de que transcurrieron nueve años sin un proceso adecuado, el agresor evadió la justicia, y Guatemala no llevó a cabo una investigación acertada sobre la violación, ni tomó acciones efectivas para procesarlo.

Guatemala presenta una de las tasas más altas de maternidad forzada y un alarmante nivel de impunidad ante la violencia sexual, según el Comité. Aunque el Código Penal permite la interrupción del embarazo en ciertos casos, el acceso al aborto legal sigue siendo prácticamente imposible.

En 2015, el Congreso guatemalteco elevó la edad mínima de matrimonio de 14 a 18 años, y el 8 de marzo de 2022, durante el Día Internacional de la Mujer, se aprobó una ley controversia que endurecía las penas contra el aborto y prohibía el matrimonio igualitario, la cual luego fue revertida tras una fuerte oposición social.

En cuanto a Fátima, ella tuvo un parto traumático y se le obligó a amamantar a su hijo, a pesar de desear no tener contacto con el niño. Según el Comité, esta experiencia le causó un profundo sufrimiento, llevando a dos intentos de suicidio como única salida ante la maternidad forzada que se le impuso. Nueve años después, el hijo vive con la madre de Fátima, quien se encarga de sus gastos, a pesar de sus limitaciones.

El Comité indicó que Guatemala violó el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la tortura y el trato cruel, que incluye no solo el daño físico, sino también el sufrimiento moral. Asimismo, instó al Estado guatemalteco a establecer un sistema para registrar y monitorear la violencia sexual y maternidad forzada en niñas, adoptar medidas de reparación por los daños sufridos por Fátima y garantizar acceso a educación y atención psicológica para el niño.

El aborto es aún un tema pendiente en Latinoamérica, donde hay limitados avances al respecto.