Nuevas normas de la UE sobre migración y asilo: claves y desafíos

BRUSELAS — La Unión Europea inicia el 12 de junio la aplicación de un nuevo conjunto de normas que definirán cómo los 27 estados miembros manejarán la migración irregular y las solicitudes de asilo. Este conjunto de regulaciones, conocido como el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, surge tras años de intensas negociaciones y busca reformar un sistema que muchos consideran fallido.

Se esperaba que todos los países del bloque estuvieran listos para este cambio, adaptando sus leyes y reforzando su infraestructura fronteriza. Sin embargo, la Comisión Europea reconoce que ningún país ha logrado estar completamente preparado.

Los defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación, advirtiendo que este pacto podría dificultar aún más la búsqueda de refugio para quienes solicitan asilo en la UE.

Entre las principales novedades, se establece que los migrantes serán sometidos a controles en las fronteras comunitarias por un máximo de siete días antes de ser admitidos. Los solicitantes de asilo provenientes de países considerados "seguros" o que representen una "amenaza para la seguridad" tendrán un proceso más rápido, de tres meses en lugar de seis. Sin embargo, algunos de estos solicitantes podrían ser retenidos en la frontera mientras se tramitan sus casos, y solo tendrán una oportunidad para apelar una solicitud rechazada.

Control y agilización de procesos fronterizos

Uno de los pilares del nuevo pacto es la aceleración de los retornos de solicitantes de asilo rechazados, mediante órdenes de retorno automáticas. Esta medida, impulsada por políticos de centro y extrema derecha que han ganado poder en 2024, prevé que los retornados sean enviados a países considerados seguros, como Siria y Bangladesh.

La Agencia de Asilo de la Unión Europea reporta que, en marzo, había alrededor de 802.000 solicitudes de asilo iniciales pendientes. Además, los países miembros están trabajando con legisladores del bloque para crear "centros de retorno" en terceros países, donde podrán ser enviados migrantes que no puedan ser repatriados.

Reparto de carga entre naciones

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el reparto de responsabilidades entre los países de la UE. Como los migrantes deben solicitar protección en el primer país de la UE al que ingresan, naciones como Grecia e Italia han expresado su frustración por tener que soportar la mayor parte de las llegadas irregulares. Esto ha llevado a que algunos de estos países permitan el paso de migrantes hacia el norte y oeste del continente sin autorización, trasladando así la carga a países más al norte como Alemania y Suecia, que han visto un aumento en las solicitudes de asilo.

El nuevo pacto incluye un mecanismo de solidaridad para asegurar que los países fronterizos no queden solos, permitiendo que otros países acepten parte de los solicitantes de asilo o brinden apoyo financiero. Sin embargo, la implementación de este mecanismo ha encontrado resistencia, como en el caso de Polonia, que suspendió el derecho de asilo desde 2025.

Críticas de grupos de derechos humanos

Activistas han criticado el nuevo pacto, argumentando que socava el derecho a solicitar asilo y que los procedimientos acelerados pueden resultar en la denegación de protección a quienes realmente la necesitan. Judith Sunderland, de Human Rights Watch, sostiene que el pacto "cierra la puerta en la cara a personas que merecen ser tratadas con dignidad".

La Comisión Europea ha reconocido que la implementación del pacto será un proceso gradual, y que las labores continuarán más allá del 12 de junio. "No será como encender un interruptor", afirmó Susan Fratzke, analista sénior del Migration Policy Institute. Las organizaciones que apoyan a los solicitantes de asilo también han expresado preocupación por la falta de claridad en las nuevas normas, lo que genera incertidumbre en un momento crítico para quienes buscan protección.