Nueva investigación sobre muertes en la era Duterte liderada por un obispo y un exjuez

MANILA, Filipinas (AP) — Un grupo liderado por un obispo católico de Filipinas ha iniciado un organismo de investigación con el objetivo de documentar relatos de testigos y otros detalles sobre la violenta ofensiva antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte. Este esfuerzo busca proporcionar información que el gobierno pueda utilizar para procesar a los agentes de las fuerzas de seguridad involucrados.

Duterte, quien concluyó su tumultuosa presidencia de seis años en 2022, fue arrestado el año pasado y trasladado a Holanda, donde enfrenta un juicio ante la Corte Penal Internacional en La Haya por supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados con su campaña.

El senador Ronald dela Rosa, un fiel aliado de Duterte y exjefe de la policía nacional, es buscado por la CPI como coautor de algunos de los miles de decesos que generaron preocupación entre gobiernos occidentales y grupos de derechos humanos.

Dela Rosa se ha ocultado y las autoridades filipinas han prometido cumplir con la orden de arresto emitida por la CPI para entregarlo al tribunal internacional.

Tanto Dela Rosa como Duterte han negado haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, aunque el expresidente había hecho repetidas amenazas de muerte a los sospechosos.

La investigación se realiza en un contexto donde muchos de los miles de policías directamente involucrados en la brutal ofensiva, que resultó en la muerte de numerosos sospechosos, en su mayoría de bajos recursos, no han sido investigados adecuadamente, y muy pocos han enfrentado condenas, según informes de organizaciones de derechos humanos.

El cardenal Pablo Virgilio David, en una conferencia de prensa, expresó: "Esto llega con mucho retraso". La "Comisión de la Verdad sobre las EJK" (ejecuciones extrajudiciales), que él ayudó a organizar, se enfocará en ayudar a las víctimas y sus familias, así como a los agentes que se arrepienten, a encontrar un cierre.

David subrayó que esta es una oportunidad para la catarsis y la restauración de la dignidad del país. "En última instancia, buscamos la sanación no solo de las víctimas, sino también de nuestras instituciones", agregó.

El abogado Raul Pangalangan, quien ha sido juez de la CPI, enfatizó que la comisión se formó para asegurar que las historias de las víctimas y sus familias sean escuchadas y documentadas. La comisión planea realizar audiencias públicas para este propósito.

"Estas cosas ocurrieron porque todo el mundo miró hacia otro lado", afirmó Pangalangan, refiriéndose a la situación de silencio cómplice que rodeó las ejecuciones. La comisión permitirá que el gobierno utilice sus hallazgos para ayudar en investigaciones y en el procesamiento de responsables.

David hizo un llamado a la sociedad civil y a diversas organizaciones a colaborar con la comisión, destacando que una organización benéfica alemana ha ofrecido apoyo financiero.

La patóloga forense Raquel Fortun, integrante de la comisión, advirtió que establecer los hechos años después de las muertes será complicado, dado que algunos agentes del orden han tratado de eludir responsabilidades.

Fortun también mencionó que los certificados de defunción de 13 sospechosos de narcotráfico, cuyos cuerpos fueron exhumados tras la salida de Duterte, indicaban muertes por causas naturales, como ataques al corazón o neumonía, aunque al examinar los restos se encontraron evidencias de impactos de bala.