Nicolas Sarkozy apela condena por financiación libia de su campaña presidencial

PARÍS — El expresidente francés Nicolas Sarkozy se presentó nuevamente ante los tribunales el lunes, donde inició una audiencia de apelación en París en relación con su condena por la supuesta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 por parte de Libia. Este caso le costó 20 días en prisión el año pasado.

Sarkozy, de 71 años, cuestiona un fallo emitido en septiembre por un tribunal de París que lo declaró culpable de "asociación delictiva". En esta instancia, fue sentenciado a cinco años de prisión por su presunta implicación en un esquema que buscaba obtener fondos del gobierno del fallecido líder libio Muamar Gadafi a cambio de favores políticos y diplomáticos.

Este veredicto marcó un hito, ya que fue la primera vez que un expresidente de la Francia moderna fue condenado a cumplir pena de prisión efectiva. Sarkozy, quien ocupó la presidencia entre 2007 y 2012, comenzó a cumplir su condena antes de que una corte de apelaciones de París ordenara su liberación bajo supervisión judicial mientras espera el nuevo juicio.

La audiencia de apelación, que se extenderá hasta el 3 de junio, revisará todas las pruebas y testimonios relacionados con Sarkozy y otros nueve coacusados, entre los que se encuentran tres exministros.

En el fallo de septiembre, los jueces concluyeron que Sarkozy y sus colaboradores habían formado una asociación delictiva entre 2005 y 2007 para asegurar financiamiento de Libia con el objetivo de respaldar su exitosa candidatura presidencial.

A pesar de las acusaciones, Sarkozy ha negado cualquier irregularidad y ha insinuado que los cargos en su contra tienen motivaciones políticas. Desde que dejó el cargo, ha enfrentado diversos procesos judiciales, aunque continúa siendo una figura relevante en la política conservadora francesa.

En noviembre, el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Francia, confirmó su condena por financiación ilegal de la campaña de su intento de reelección en 2012, lo que le impone cumplir seis meses bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, sanción que aún no se ha aplicado.