Muerte de adolescente con cáncer reaviva el debate sobre el aborto en Dominicana

 La madre de una adolescente que falleció tras la negativa de varios médicos en República Dominicana de brindarle tratamiento para el cáncer debido a su embarazo, ha decidido impugnar la estricta prohibición del aborto en el país.

Organizaciones de la sociedad civil, incluidas entidades cristianas, se han sumado a esta impugnación, argumentando que la prohibición atenta contra derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad y la igualdad, los cuales deberían extenderse a niñas y mujeres en estado de gravidez.

La impugnación fue presentada el miércoles ante el Tribunal Constitucional dominicano.

En la región, la legislación dominicana es una de las más restrictivas en materia de aborto, penalizándolo sin excepciones y sin considerar las circunstancias. Las mujeres que se someten a un aborto pueden enfrentar hasta dos años de prisión, mientras que los médicos o parteras podrían ser condenados a penas de cinco a 20 años.

"Mi hija murió porque se le negó la atención médica que necesitaba. Ninguna otra madre debería tener que pasar por esto", declaró Rosa Herminia Hernández en un comunicado.

Rosaura Almonte, quien tenía 16 años, falleció en 2012 a causa de leucemia, apenas tres semanas después de quedar embarazada, según documentos judiciales.

La impugnación busca que se permita el aborto en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de la mujer o la niña esté en riesgo, o si el feto presenta anomalías mortales.

"Esta acción busca algo muy simple: que ninguna mujer o niña tenga que elegir entre su vida, su salud y la ley", expresó la abogada Patricia Santana Nina.

Desde 2019 hasta finales de 2024, el sector público de salud registró al menos 67.455 abortos, sin distinguir entre espontáneos e inducidos. Además, entre junio de 2017 y octubre de 2022, se presentaron 62 causas penales por aborto y 16 por intento de aborto, aunque la Procuraduría General de la República dejó de publicar estos datos desde noviembre de 2022.

La impugnación también destaca que la prohibición agrava las desigualdades existentes, ya que las mujeres con recursos pueden buscar atención médica privada en el país o en el extranjero, mientras que las de bajos recursos enfrentan mayores riesgos para su salud y están más expuestas a procesos penales.

"Las mujeres que son perseguidas a menudo comparten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, precariedad laboral, bajo nivel educativo o estatus migratorio", se lee en la impugnación.

En 2023, una mujer con tres hijos, uno de los cuales era producto de una violación, tuvo un aborto espontáneo incompleto y fue detenida durante 10 días en condiciones inhumanas, sin recibir atención médica adecuada, lo que también fue mencionado en la impugnación.

Activistas de derechos humanos afirman que frecuentemente son los propios proveedores de salud quienes denuncian a las mujeres ante las autoridades.

No existen estadísticas confiables sobre cuántas mujeres han muerto en República Dominicana durante o después de abortos clandestinos. En 2024, al menos 585 niñas de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres, mientras que se registraron al menos 681 violaciones entre enero y julio de 2025, con muchos casos no denunciados.

"¿Es legítimo mantener una amenaza penal permanente contra las mujeres en emergencias médicas únicamente para expresar legalmente una postura moral?", se interroga la impugnación presentada.