Militares involucrados en desaparición de niños permanecen en prisión tras fallo judicial en Ecuador

QUITO (AP) — Un tribunal de justicia en Ecuador mantuvo en prisión a un grupo de militares acusados de estar involucrados en la desaparición y muerte de varios adolescentes. Este viernes, se desestimó un pedido de habeas corpus presentado por la defensa de 11 de los 16 implicados.

Los reclamos por la libertad fueron formulados por 11 militares, mientras que los otros cinco no adhirieron a esta solicitud, optando por colaborar con la justicia a través de un proceso abreviado. Estos últimos ofrecieron información relevante a cambio de beneficios judiciales, contribuyendo a la aclaración del caso.

Fernando Bastías, abogado que representa a los familiares de los adolescentes desaparecidos, comunicó a The Associated Press que el juez rechazó el habeas corpus argumentando que la prisión preventiva es legal y no arbitraria.

La desaparición de cuatro adolescentes ocurrió el 8 de diciembre en la populosa zona de Las Malvinas, en Guayaquil, a 265 kilómetros de Quito. Los jóvenes, de entre 11 y 15 años, no regresaron a sus casas tras salir a jugar un partido de fútbol.

Días después de su desaparición, las autoridades hallaron restos calcinados cerca de una base militar. En total, 16 uniformados están bajo investigación judicial por el caso.

Los militares que decidieron colaborar con la Fiscalía admitieron que sometieron a los menores a golpizas, los forzaron a desnudarse y los arrojaron de un vehículo militar, entre otros actos de violencia.

Un informe militar y videos presentados por la defensa aseguraron que los adolescentes fueron apresados ante un “posible delito flagrante”, aunque luego se dio su liberación cerca de la base. No obstante, la fiscalía argumentó que no hubo delito por parte de los menores.

Este suceso se produjo justo un año después de que el presidente Daniel Noboa declarara estado de conflicto armado interno para abordar una ola de violencia en el país, lo que permitió a las fuerzas de seguridad realizar operativos continuos en las calles y cárceles.

Las familias de los adolescentes han llevado a cabo manifestaciones exigiendo justicia, destacando que los responsables podrían enfrentar hasta 26 años de prisión por el delito de desaparición forzada, incluyendo agravantes como tortura a menores.