Milei lanza oficina para contrarrestar desinformación y genera polémica

BUENOS AIRES — El gobierno de Javier Milei ha establecido una nueva "oficina de respuesta oficial" con el objetivo de desmentir lo que consideran informaciones falsas difundidas por medios de comunicación y opositores. Esta iniciativa ha suscitado críticas de organizaciones periodísticas que advierten sobre un posible ataque a la libertad de expresión.

Desde la cuenta oficial de X de esta nueva dependencia, se comunicó el jueves que "fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo 'informar' no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta".

Este no es un caso aislado en la historia argentina, un país que ha enfrentado severas censuras durante dictaduras en el siglo XX. La iniciativa más reciente en este sentido fue Nodio, un observatorio creado para combatir la desinformación durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023).

"Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios", afirmó Milei en su cuenta de X al anunciar la creación de esta oficina, que recuerda a la Rapid Response 47, establecida por su aliado, el expresidente Donald Trump, para responder a supuestas "fake news" en su contra. El diseño del logo argentino tiene similitudes con el estadounidense.

La Oficina de Respuesta Oficial se comprometió a "combatir la desinformación brindando más información, a diferencia de lo que hacen los sectores políticos de izquierda, que buscan censurar a los opositores en medios tradicionales y redes sociales".

En su primer comunicado, la oficina destacó que "estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración".

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) lamentó que "se está utilizando una estructura oficial —y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos— para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica".

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó que "combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática, pero el Estado debe ser una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública".

También hubo reacciones de políticos de la oposición, incluyendo a algunos aliados del gobierno. Laura Alonso, portavoz de la alcaldía de Buenos Aires, gobernada por el partido de centro-derecha PRO, afirmó: "Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas".

Alonso añadió: "Jamás usar el aparato estatal para imponer la 'verdad oficial'. Esperemos que esta 'oficina' se agote en un olvidable mensaje de X".