México enfrentará elecciones judiciales con candidatos poco conocidos y gran incertidumbre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El próximo 1 de junio, los ciudadanos mexicanos votarán para elegir a sus jueces, enfrentándose a la creciente inquietud de hacerlo entre una multitud de candidatos que apenas conocen. A pesar de la intención del Instituto Nacional Electoral (INE) de mantener una contienda imparcial, la realidad ha mostrado una campaña electoral repleta de irregularidades y la intervención de los partidos políticos.

El INE estableció normativas a seguir durante la campaña —que concluyó el miércoles— con el objetivo de asegurar condiciones equitativas en la votación de 881 jueces. Sin embargo, la realidad dista de la teoría. Los aspirantes no podrían recibir financiamiento de partidos, ni gastar en campañas publicitarias, exceptuando volantes y uso restringido de redes sociales, con topes de gastos que variaron entre 11.000 y 70.000 dólares.

A pesar de los esfuerzos implementados por el INE, analistas advierten que el proceso se encuentra viciado desde su inicio. Las elecciones judiciales son consecuencia de una reforma muy debatida, promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados. Este cambio fue interpretado por muchos como un intento de politizar la justicia.

La polémica reforma, que se justifica como un mecanismo para combatir la corrupción, ha recibido severas críticas. Durante su presidencia, López Obrador atacó la independencia del INE y redujo su financiamiento. El impacto de la reforma quedará evidenciado en las votaciones, que servirán como un termómetro para medir su influencia y control sobre el partido gobernante.

Perfiles cercanos al oficialismo

Los candidatos que buscan posiciones judiciales con el respaldo del gobierno son más del doble que aquellos que provienen de la oposición, derivados de un proceso de selección que fue criticado por su falta de transparencia. Algunos de los aspirantes con mayor cercanía al oficialismo incluyen a personas como María Estela Ríos, ex consejera jurídica de López Obrador, y otros vinculados a su administración.

A pesar de que la ley prohíbe la promoción de candidatos por parte de los partidos políticos, se ha denunciado que grupos como Morena han utilizado métodos encubiertos para influir en la votación, presentando listas de aspirantes en materiales instructivos que distribuyeron en varias partes del país. Estos esfuerzos han sido calificados como intentos de manipulación del electorado aprovechando la desinformación generalizada que rodea las elecciones.

Campañas encubiertas y falta de sanciones

Con la llegada de la fecha electoral, han surgido numerosas denuncias sobre la aparente inacción de las autoridades electorales a pesar de los indicios de violaciones. Sheinbaum, la actual presidenta de México, enfatizó que la intervención del INE debería ser crucial ante la proliferación de listas de candidatos no oficiales que circulan, mientras que la presidenta del INE hizo un llamado a la deliberación individual.

La crítica hacia el INE por su falta de sanciones frente a las irregularidades destaca las preocupaciones sobre la equidad del proceso. Del mismo modo, la política del partido gobernante ha instado a los miembros a votar, lo que indica una intención de movilizar a su base para asegurar una representación que favorezca su agenda.

Retos en la elección judicial

Más allá de la elección, el país se enfrenta a una grave preocupación sobre la posible pérdida de la imparcialidad en la justicia. La administración ha defendido repetidamente que la nueva estructura jurisdiccional será esencial para restaurar la confianza del pueblo hacia las instituciones judiciales. Sin embargo, críticos sugieren que la profusión de lealtades políticas podría alterar de forma drástica la independencia del poder judicial.

Así, el 1 de junio los votantes enfrentarán no solo la elección de su futuro en los tribunales, sino también la inevitable pregunta de qué tan abierta y honesta será su justicia en un contexto de alto intervencionismo político.