Más de 700 mails solicitaron visitas a Cristina Fernández desde su prisión domiciliaria

BUENOS AIRES (AP) — La disputa entre la expresidenta argentina Cristina Fernández y el sistema judicial por las condiciones de su prisión domiciliaria por una condena de seis años por corrupción se intensificó, ahora con el foco en las visitas.

El tribunal federal que dictó la sentencia contra la exmandataria por irregularidades en la obra pública durante su gestión (2007-2015) y que estableció su prisión domiciliaria informó que recibió, a través del correo, más de 700 pedidos de visita a su hogar.

Esta avalancha de solicitudes provino mayormente de senadores y diputados kirchneristas, el sector de centro-izquierda del peronismo encabezado por Fernández, tras la difusión en la red social X (anteriormente Twitter) de la dirección de contacto del tribunal por parte de uno de los abogados de la expresidenta.

El defensor Gregorio Dalbón expresó su descontento por la decisión del tribunal de restringir el acceso al domicilio de Fernández solo a familiares, médicos y abogados, mientras que cualquier otro interesado deberá solicitar un permiso especial. “¿Este reglamento incluye a expresidentes? ¿A jefes de Estado en funciones? ¿Y a ganadores del Premio Nobel, como Luiz Inácio Lula da Silva, quien planea visitarla?”, se preguntó Dalbón, enfatizando que la regla carece de sustento legal y no cuenta con precedentes en la jurisprudencia argentina.

El tribunal orientó las más de 700 solicitudes a los abogados de Fernández para que fundamenten cada caso.

Este evento es el más reciente en una serie de enfrentamientos entre Fernández y el tribunal desde su condena en 2022. Aunque los jueces le otorgaron el arresto domiciliario a mediados de junio debido a su edad avanzada (más de 70 años) y en consideración a su seguridad tras un intento de asesinato en 2022, también impusieron restricciones sobre sus apariciones públicas.

El tribunal le exigió utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico. La defensa de Fernández apeló el régimen de visitas y será la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, quien decidirá al respecto en julio.

La exmandataria fue hallada culpable a finales de 2022 por administración fraudulenta, tras demostrar el tribunal irregularidades en 51 licitaciones públicas para proyectos viales en la provincia de Santa Cruz, durante los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007) y el suyo.

Fernández sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores que buscan sacarla de la arena política.

Como resultado de esta condena, la líder peronista no podrá competir en las elecciones de septiembre por un cargo legislativo en Buenos Aires, dado que la sanción incluye una inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos.

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El periodista de AP Sergio Farella contribuyó a este informe desde Buenos Aires.