Más de 20 estados inician acción legal contra el gobierno de Trump por fondos de desastre

BOSTON — Más de dos docenas de estados interpusieron el jueves una demanda contra el gobierno de Trump, alegando que este impone condiciones inaceptables relacionadas con elecciones e inmigración para acceder a miles de millones de dólares en fondos federales destinados a la recuperación de desastres.

La demanda, presentada en Rhode Island, impugna políticas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y del Departamento de Seguridad Nacional. Se argumenta que el gobierno está obligando a los estados a modificar sus sistemas electorales y a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional en la aplicación de leyes migratorias. Además, se señala que estas condiciones permitirían al departamento cancelar subvenciones en cualquier momento y sin justificación.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, comentó: "Una vez más, el gobierno de Trump amenaza con poner en riesgo la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones en fondos críticos y, una vez más, no se saldrán con la suya. Este gobierno está usando la seguridad de los estadounidenses como colateral al intentar intimidar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional de promulgar políticas y leyes que mejor sirvan a sus residentes".

Los estados argumentan que imponer condiciones a fondos asignados por el Congreso viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula de gasto de la Constitución. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no ofreció comentarios al respecto.

Esta demanda se suma a otras acciones legales que han cuestionado al gobierno de Trump por sus intentos de presionar a los estados a aceptar sus prioridades a cambio de financiación federal. Esta estrategia ha sido aplicada en diversas áreas, desde fondos educativos hasta subvenciones para programas de violencia doméstica y financiamiento de infraestructuras viales.

Los tribunales han declarado en varias ocasiones que esta estrategia es ilegal e inconstitucional. Un fallo reciente impidió al gobierno imponer condiciones a otros fondos de la FEMA, y otro fallo este año prohibió al gobierno recortar fondos de seguridad a estados que no se alinean con su agenda.

El juez federal de distrito John McConnell Jr. destacó el año pasado que "los estados podrían perder miles de millones de dólares en financiamiento federal y se les está obligando a renunciar a su derecho soberano de decidir cómo utilizar a sus propios agentes de policía, lo que podría afectar la confianza entre las fuerzas del orden locales y las comunidades inmigrantes".

La demanda más reciente sostiene que el gobierno intenta aplicar condiciones similares a los fondos de 2026, tras no haber logrado hacerlo con los fondos del año anterior. Entre los requisitos impugnados se encuentra la exigencia de que los estados adopten sistemas de boletas de papel, realicen auditorías manuales de los sistemas de votación, concilien los registros de votantes y verifiquen la ciudadanía de cada votante inscrito en sus bases de datos electorales.

Si los estados no cumplen con estas condiciones, se arriesgan a perder al menos el 20% de sus fondos del Programa de Subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional, destinados a financiar medidas contra ciberataques y terrorismo.

Desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, Trump ha sostenido que el voto por correo está plagado de fraude y ha iniciado investigaciones federales sobre la votación de ese año, a pesar de que repetidas auditorías e investigaciones han demostrado que no hubo fraude. También ha manifestado su intención de "tomar el control" de la administración electoral en áreas dominadas por demócratas.