Malvinas: reclaman derogar tratado de inversión con Reino Unido por sus implicancias actuales

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) — Un tratado entre Argentina y Reino Unido firmado hace más de tres décadas ha vuelto a ser objeto de controversia debido a la cuestión Malvinas, luego de que desde Tierra del Fuego solicitaran su derogación.

El documento en cuestión es el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones, que fue suscrito en Londres en 1990 y aprobado posteriormente por la Ley 24.184. Este acuerdo establece diversas garantías para las inversiones realizadas entre ambos países.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, ha instado al Congreso a derogar esta normativa, considerándola un "error geopolítico" que debería ser corregido.

El cuestionamiento se centra especialmente en el tratamiento que el convenio otorga a las inversiones británicas. Dachary ha señalado que es contradictorio mantener estas condiciones mientras persiste la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

"Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184", afirmó el funcionario provincial, quien destacó que el conflicto argentino es con el Reino Unido y no con las islas.

El reclamo fue dirigido de manera explícita al Congreso de la Nación, con Dachary etiquetando en su publicación tanto al Senado como a la Cámara de Diputados.

Qué establece el tratado entre Argentina y Reino Unido

El convenio fue firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990 y aprobado por el Congreso argentino el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem.

Entre las disposiciones del tratado se establece que ninguna de las partes puede otorgar a las inversiones de la otra un tratamiento menos favorable que el concedido a sus propios inversores o a aquellos provenientes de terceros países.

Asimismo, el acuerdo contempla la libre transferencia de ganancias, protección frente a expropiaciones sin compensación y mecanismos de arbitraje internacional para resolver posibles controversias relacionadas con las inversiones.

Este acuerdo surgió en el marco de la normalización de las relaciones bilaterales, impulsada por los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre 1989 y 1990, tras la Guerra de Malvinas de 1982.

Sin embargo, la anulación de sus efectos no sería inmediata. El propio convenio establece que, en caso de denuncia, las inversiones realizadas durante su vigencia seguirían protegidas por un periodo adicional de 15 años.

El reclamo por Malvinas y las últimas medidas del Gobierno

Este pedido surge días después de que el presidente Javier Milei anunciara un aumento del presupuesto de Defensa para la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, así como un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que operen en Malvinas sin la autorización argentina.

En paralelo, el Gobierno ha presentado una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas por presuntas infracciones a la Ley 26.659.

Tres de esas compañías habrían recibido permisos británicos para llevar a cabo tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área del proyecto Sea Lion, autorizaciones que el Gobierno argentino considera contrarias a la normativa nacional sobre los recursos naturales de la zona.

En este contexto, la discusión sobre la Ley 24.184 se reabre en el marco del debate sobre qué herramientas diplomáticas, económicas y legales debería emplear Argentina frente al Reino Unido en relación con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.