Liberan a exministro colombiano Ricardo Bonilla en medio de escándalo de corrupción

BOGOTÁ — Un tribunal en Colombia ordenó el martes la liberación de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, después de tres meses de detención. Esta decisión se produce en el contexto de un proceso penal por corrupción, donde se le acusa de haber direccionado contratos estatales a cambio de apoyo político en el Congreso.

La magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, acogió la solicitud de la defensa de Bonilla, que argumentó que la fiscalía no presentó una acusación formal en el plazo de 120 días estipulado por la ley. En consecuencia, se determinó su "libertad inmediata" para que pueda continuar su defensa en libertad mientras avanza el proceso judicial.

Durante la audiencia virtual, la fiscalía intentó apelar la decisión del tribunal, sosteniendo que los plazos aún no habían expirado según su interpretación. La controversia gira en torno a la legalidad de la detención de Bonilla, quien ha sostenido su inocencia en todo momento.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X, expresó su satisfacción por la liberación, afirmando que "tenían a un inocente preso arbitrariamente" y que Bonilla ahora podrá defenderse adecuadamente.

Bonilla, quien ocupó el cargo de ministro de Hacienda hasta diciembre de 2024, fue imputado el 1 de diciembre por varios delitos, incluyendo interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, enfrentándose a una posible pena de hasta 27 años de prisión. Fue enviado a prisión a mediados de diciembre del año pasado.

La fiscalía ha señalado a Bonilla y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco de haber colaborado con otros funcionarios y congresistas para direccionar contratos del Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada de gestionar emergencias en el país.

Se alega que ambos ministros intentaron persuadir a legisladores para obtener los votos necesarios en el Congreso para aprobar reformas clave, como la reforma al sistema pensional y la reforma de salud, que finalmente fue rechazada. Bonilla y Velasco se han declarado inocentes de los cargos en su contra. Bonilla, de 75 años, ha afirmado que cumplió con sus funciones sin exceder sus atribuciones, manteniendo su confianza en que no cometió ningún delito.