Legisladores filipinos desestiman intentos de juicio político contra Marcos Jr.

MANILA — Los miembros del Congreso filipino decidieron el miércoles desestimar dos denuncias de juicio político en contra del presidente Ferdinand Marcos Jr., al considerarlas "insuficientes en sustancia".

Las acusaciones en cuestión incluían una serie de delitos, entre ellos la supuesta participación del mandatario en actos de corrupción a gran escala.

Además de Marcos, la vicepresidenta Sara Duterte también enfrentaba denuncias de impugnación ante la Cámara de Representantes, dominada por aliados del presidente. Se presentaron al menos dos denuncias contra Duterte, principalmente relacionadas con presuntos actos de corrupción, aunque aún no hay claridad sobre cuándo serán tratadas.

Los dos líderes, que antes habían sido aliados, se han visto envueltos en intensas disputas políticas, lo que ha acentuado las divisiones en una de las democracias más complejas de Asia.

Tras varios días de deliberación, el comité de justicia de la Cámara votó para desestimar las denuncias contra Marcos, presentadas por activistas de izquierda y un abogado. La mayoría de los 46 miembros del comité argumentó que muchas de las acusaciones eran difíciles de validar, no involucraban directamente al presidente o no cumplían con los motivos constitucionales para el juicio político, por lo que fueron descartadas.

Entre las acusaciones se mencionó a un exlegislador de la Cámara, Zaldy Co, quien en videos de Facebook acusó al presidente de recibir sobornos relacionados con proyectos de control de inundaciones. Co, vinculado a un escándalo de corrupción, no ha podido ser localizado. Aunque ha negado cualquier delito, se encuentra en búsqueda por parte de la policía tanto en el país como en el extranjero, tras una orden de arresto emitida por un tribunal anticorrupción el año pasado.

Marcos celebró la decisión del comité. La subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro, manifestó: "Estamos contentos de que se haya seguido el proceso y de que los legisladores reconocieran la verdad real".

Por su parte, Renato Reyes, uno de los denunciantes de la alianza política de izquierda Bayan, criticó la decisión, afirmando que "descarriló la rendición de cuentas". Reyes agregó: "Estábamos preparados para presentar pruebas en la siguiente etapa. Lo único que se requería en la etapa actual era un recuento de los delitos que constituyen traición a la confianza pública".

Según la legislación filipina, los opositores que buscan destituir a un alto funcionario deben esperar un año antes de presentar otro juicio político.

El año pasado, la Cámara votó para destituir a la vicepresidenta y envió el caso al Senado para juicio. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que la Cámara había violado una norma constitucional que establece que solo un caso de juicio político puede ser procesado en un año.

Duterte sobrevivió al intento de destitución del año pasado gracias a un tecnicismo legal. Dos grupos opositores han presentado nuevamente denuncias de juicio político contra ella tras el vencimiento del periodo de prohibición de un año.

Las acusaciones contra Duterte se centran en su supuesto uso ilegal y mal manejo de 612,5 millones de pesos (10,3 millones de dólares) en fondos confidenciales de su oficina y de su tiempo como secretaria de educación bajo el mandato de Marcos. Ella ha negado las acusaciones, aunque no ha proporcionado explicaciones detalladas en investigaciones anteriores.

En una conferencia de prensa en línea en noviembre de 2024, Duterte amenazó con ordenar el asesinato del presidente, su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes si ella fuera asesinada en medio de sus disputas, una declaración que también fue citada en las denuncias de juicio político.

Duterte es hija del expresidente Rodrigo Duterte, quien supervisó sangrientas represiones antidrogas durante su mandato de 2016 a 2022. El año pasado, fue arrestado en Holanda por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad.