La ONU reclama a Perú revertir ley de amnistía que vulnera derechos humanos

LIMA (AP) — El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos afirmó que la ley promulgada la víspera por la presidenta peruana Dina Boluarte, que amnistía a uniformados procesados por graves delitos durante el conflicto armado (1980-2000), viola los estándares internacionales y “debe revertirse de inmediato”.

El organismo se sumó a la ola de críticas contra esa norma que extingue de responsabilidad penal a militares y policías enjuiciados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, torturas y violaciones sexuales que ocurrieron en medio de la lucha de las fuerzas de seguridad contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, que buscaba tomar el poder. La ley también otorga la amnistía a sentenciados mayores de 70 años.

“El derecho internacional, al que está obligado Perú, prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, señaló el jueves en un comunicado Volker Turk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.

Mientras tanto, en Lima, la capital del país, familiares de desaparecidos y asesinados durante el conflicto armado cuestionaron la ley que Boluarte promulgó en el palacio presidencial, acompañada de militares retirados y legisladores de partidos políticos que impulsaron esta norma, incluido Fuerza Popular de la política Keiko Fujimori.

“Seguimos luchando más de 40 años y seguiremos resistiendo mientras estemos vivos... vamos a acudir a los organismos internacionales, que son las únicas instancias que nos pueden amparar”, dijo a The Associated Press Doris Caqui, una maestra de 65 años y madre de cuatro hijos que lidera un grupo de familiares de desaparecidos.

Dijo que su esposo, el dirigente sindical Teófilo Rímac, fue detenido en su casa en 1986 por militares, llevado a un cuartel en los Andes y torturado. El cuerpo de Teófilo jamás apareció y, 37 años después, dos militares fueron condenados por su muerte en 2023.

“Están prófugos y esta ley les favorece”, criticó Caqui.

Otra ley peruana de amnistía de 1995 fue declarada sin efectos jurídicos en 2001 por la CorteIDH.

Boluarte —denunciada por la fiscalía por su supuesta responsabilidad en el asesinato de manifestantes durante protestas al inicio de su gobierno en 2022 y 2023— ha dicho que la ley devuelve “la dignidad” a hombres que “entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos”.

La nueva amnistía provocaría que 156 casos con sentencia y más de 600 procesos en trámite quedaran impunes, según la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición de 74 organizaciones dedicadas a la defensa de dichos derechos y que ha litigado durante décadas en decenas de procesos judiciales.

Según una comisión de la verdad sobre el conflicto armado interno de Perú, las víctimas fueron indígenas de los Andes y la Amazonía, atrapados en el enfrentamientos entre uniformados y el grupo terrorista Sendero Luminoso. La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70.000 muertos.