La ONU alerta sobre el deterioro en Nicaragua: represión y paramilitarismo crecientes

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un nuevo informe de Naciones Unidas que se presentó este martes en Ginebra alertó de un deterioro aún mayor de la situación en Nicaragua, señalando que ya no hay división de poderes, persistiendo violaciones de derechos humanos, represión y censura. Se oficializó el paramilitarismo o el uso del ejército para evitar asambleas, por ejemplo.

Las medidas comenzaron con la violenta represión gubernamental de las protestas de 2018. Desde entonces, el gobierno nicaragüense “transformó deliberadamente al país en un Estado autoritario”, según un panel de expertos de la ONU que realizó un informe en febrero.

Justo antes de esas declaraciones, una reforma constitucional realizada por el gobierno de Daniel Ortega y la primera dama y ahora copresidenta, Rosario Murillo, desmanteló la división de poderes en el país.

El nuevo informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU revela un panorama extremadamente preocupante, donde los poderes legislativo y judicial quedaron reducidos a “entidades coordinadas y subordinadas a la presidencia”, mientras la fiscalía se convirtió en una oficina “bajo control presidencial directo”. Se eliminaron “protecciones básicas de los derechos humanos”.

El documento denuncia “el reconocimiento constitucional de las fuerzas paramilitares, el uso institucionalizado de redes de informantes y vigilancia, y la aplicación indebida de delitos penales que son amplios y vagos, a personas que simplemente ejercen sus derechos humanos o realizan su trabajo legítimo, como los defensores de derechos humanos y los periodistas”, con lo cual “cualquier persona percibida como opositora por las autoridades puede ser objeto de represalias”.

Se habla de “censura sistemática” de toda disidencia, de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido proceso. Además, manifiesta los nuevos poderes de la presidencia para desplegar al ejército en el país, por ejemplo, para vigilar reuniones y asambleas.

En los últimos siete años, la represión obligó a decenas de miles de personas a huir del país en busca de asilo, parte de los cuales han despojado de su nacionalidad. Al menos 1.894 organizaciones fueron ilegalizadas, entre ellas 850 organizaciones religiosas y más de 40 entidades educativas, incluidas universidades.

Por ello, la ONU, además de exigir a Ortega que cumpla con sus obligaciones en derechos humanos, pide a la comunidad internacional que apoye económicamente a la sociedad civil nicaragüense y a quienes han tenido que huir del país para evitar que sean devueltos. Esto podría ocurrir si avanza el plan de Estados Unidos, paralizado en agosto por sus tribunales, de eliminar el estatus de protección temporal para los nicaragüenses.

En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también alertó del empeoramiento de la situación en Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, sin que ello hiciera mella en el gobierno de Ortega.