La ONU advierte que el sistema represivo en Venezuela sigue sin cambios significativos

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela afirmó que, a pesar de las mejoras limitadas en la situación de los derechos humanos en el país, las instituciones estatales responsables de la represión permanecen intactas. En su último informe, la Misión abordó los eventos del último año, detallando las violaciones a los derechos humanos que continúan siendo perpetradas por grupos armados civiles progubernamentales conocidos como "colectivos" y su conexión con el Estado.

A pesar de que se observa una disminución significativa de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, esto no implica que el sistema haya cambiado. "La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles," expresó Sofía Macher, presidenta de la Misión, en un comunicado de la ONU.

Luego de la captura de Maduro, las autoridades liberaron a cientos de personas detenidas por motivos políticos y permitieron una mayor apertura para las protestas, reuniones públicas y la participación de la sociedad civil. Sin embargo, "mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible," añadió Macher.

El informe también destaca que en Venezuela continúan vigentes leyes que se utilizan para criminalizar la disidencia y que los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad mantienen sus estructuras y prácticas. Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones siguen ocupando cargos clave. No se han tomado medidas para desarmar a los colectivos, que siguen siendo una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario.

Asimismo, la misión de la ONU denuncia que periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su trabajo diario. En el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, la Misión documentó prácticas que incluyen intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como "máquina del tiempo."

En la instalación militar Fuerte Guaicaipuro, se comprobaron prácticas degradantes como el confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas, la exposición al frío y la privación de alimentos. La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura solo después del 3 de enero y concluyó que varios casos de muerte bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos estaban relacionados con la falta de acceso a atención médica adecuada y con malos tratos, como el caso del vendedor ambulante Víctor Quero Navas.

"Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas," afirmó María Eloísa Quintero, integrante de la Misión. Además, se hallaron pruebas del respaldo político, financiación y apoyo logístico por parte del Gobierno, concluyendo que se suministraron armas, municiones y equipos a los colectivos como parte del aparato represivo estatal. Los informes serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos el 18 de septiembre de 2026.