La motosierra de Milei pone en jaque servicios para personas con discapacidad en Argentina

MORNO, Argentina — Analía Celis, de 34 años, enfrenta desafíos diarios debido a su discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Aunque no puede caminar, ha encontrado alivio a su tensión muscular a través de la terapia deportiva. A pesar de no poder trabajar, hornear le ha brindado una sensación de independencia, y aunque le cuesta comunicarse, ha logrado conectar con otros a través de la pintura. Sin embargo, la reciente política del presidente argentino Javier Milei, que ha aplicado su emblemática motosierra a programas de terapia especializada, pone en riesgo estos logros.

En los últimos meses, el gobierno ha suspendido los pagos a organizaciones que ofrecen servicios terapéuticos y educativos a personas con discapacidad. Esta decisión ha dejado a muchos, como Celis, sin las rutinas cuidadosamente diseñadas que han sido un salvavidas para aproximadamente 5 millones de argentinos con discapacidad. Defensores y familiares sostienen que se ha desmantelado una red de contención social que antes era considerada sólida.

"Nunca nos hubiéramos imaginado llegar a este punto, tener que vender un vehículo porque no tenemos plata para pagar los servicios o para pagar la alimentación", manifestó Martín Lucero, representante legal de Andar, una organización sin fines de lucro que gestiona un centro de atención diurna en las afueras de Buenos Aires.

Andar ha visto cómo su situación se ha vuelto insostenible, dejando de ofrecer hace dos meses el transporte gratuito y adaptado que permitía a Celis y a otros acceder a sus terapias. "La solución nunca puede ser cortarle a una persona con discapacidad su servicio terapéutico... el espacio que necesita para su desarrollo", añadió Lucero. "Es una decisión política".

Desde la asunción de Milei a fines de 2023, su agenda de austeridad ha tenido repercusiones significativas en los servicios para personas con discapacidad. Los prestadores de atención, incluidos centros como Andar, han enfrentado una creciente deuda debido a pagos irregulares del gobierno y tasas de reintegro que no han seguido el ritmo de la inflación, que ha alcanzado niveles alarmantes.

Para reducir costos, muchos centros han recortado personal, demorado salarios, reducido las comidas y acortado horarios. Aunque no hay un recuento oficial de cuántos centros han cerrado, se estima que hasta 50 han cesado sus operaciones este año, especialmente en provincias rurales. "Si cierran Andar, muchas familias quedarían afuera. Muchos de nosotros quedaríamos sin nada. Sería un caos total", expresó Roman Pontecorvo, de 28 años, quien también se beneficia de los servicios de Andar.

La falta de actividades puede provocar retrocesos significativos en el desarrollo de personas con discapacidad. Clementina Tabares, madre de Celis, comparte la angustia que siente al ver cómo su hija, sin acceso a sus terapias, se encuentra cada vez más aislada. "Está metida para adentro, encerrándose, y eso me da miedo", afirmó.

A pesar de la crítica situación, existe una solución: implementar una ley aprobada el año pasado que declara un estado de emergencia para las personas con discapacidad. Esta ley, que aumentaría las prestaciones que han perdido un 30% de su valor debido a la inflación, ha sido postergada por Milei, quien argumenta que su costo fiscal afectaría el superávit presupuestario del país.

Un juez federal ha ordenado al gobierno restablecer los pagos a los prestadores en cumplimiento de la ley, pero el gobierno ha apelado la decisión. Mientras tanto, el presidente ha presentado un proyecto de ley que busca desmantelar el sistema actual de pagos estatales, dejando a las aseguradoras privadas y a los gobiernos provinciales la responsabilidad de negociar tarifas con los prestadores de servicios.

La situación ha generado un rechazo generalizado entre grupos defensores de los derechos de las personas con discapacidad, quienes advierten que este enfoque podría dejar a muchos sin acceso a servicios vitales.