La justicia argentina levanta prohibición de difusión de audios de Karina Milei

BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina levantó el martes la prohibición a medios de comunicación de difundir audios de la hermana del presidente Javier Milei grabados ilegalmente durante reuniones políticas, una restricción que organizaciones de periodistas habían calificado como un ataque a la libertad de expresión.

Fue la propia Karina Milei quien solicitó al juez civil Patricio Maraniello dejar sin efecto la medida preventiva que ella misma había impulsado a principios de este mes después de la publicación de las conversaciones.

El contenido de los audios no hizo alusión a ningún ilícito, pero expuso la vulnerabilidad de la cúpula del poder. En ellos, Karina Milei – secretaria general de la presidencia – le dijo a su interlocutor no identificado que “no podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos”.

El gobierno denunció inmediatamente ante la justicia “un ataque a una de las principales figuras del gobierno nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional”.

El objetivo de la maniobra, según la versión oficial, fue “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas” de este año. En la misma presentación el gobierno pidió allanar los domicilios de los periodistas que difundieron los audios, pero la justicia no hizo lugar.

En cambio, el juez Maraniello sí dio curso a una medida cautelar solicitada por Karina Milei para prohibir la difusión de los audios, decisión que representantes de medios de comunicación y foros de periodistas consideraron un ataque a la libertad de pensamiento y de expresión.

Dos semanas después, Karina Milei — señalada como la armadora política de su hermano economista — pidió dejar sin efecto la restricción porque su “contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información que cuenta actualmente”, según la presentación judicial.

No obstante, la justicia federal continúa la investigación para determinar si existió una operación de espionaje ilegal en contra del gobierno.