La jueza cuestiona las directrices del ICE sobre arrestos migratorios sin orden judicial

WASHINGTON — En una reciente decisión, una jueza federal afirmó que las directrices que rigen las detenciones de inmigrantes por parte de los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no satisfacen los requerimientos de causa probable y, por lo tanto, no deben ser utilizadas como referencia. Al mantener vigente una orden judicial preliminar emitida en diciembre, la jueza de distrito Beryl A. Howell declaró que "los demandados no deberán basarse en el estándar de causa probable ni en el enfoque analítico descrito en el memorando de cinco páginas" que fue elaborado por el exdirector interino del ICE.

La jueza identificó varios problemas con las directrices actuales, indicando que no proporcionan a los agentes suficientes criterios para evaluar la conexión de una persona con su comunidad antes de decidir que representa un riesgo de fuga y que, por ende, debe ser detenida de inmediato.

Esta decisión representa un avance en una demanda presentada en 2025 por cuatro inmigrantes y la organización sin fines de lucro CASA en Washington, quienes impugnaron sus detenciones durante redadas migratorias que forman parte de un aumento en el control migratorio ordenado por el presidente Donald Trump.

Además, la jueza aprobó la solicitud de los demandantes para acceder a más documentos que esclarezcan la implementación de la política, aunque rechazó algunos de sus argumentos, señalando que el gobierno ha cumplido, en ciertos aspectos, con la orden de medida cautelar que ella emitió.

En respuesta a la orden del jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado afirmando que el ICE tiene la autoridad para llevar a cabo detenciones legales. Según el DHS, "los agentes del orden utilizan la ‘sospecha razonable’ para investigar el estatus migratorio y la causa probable para realizar arrestos, de acuerdo con la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos". Asimismo, el departamento indicó que la Corte Suprema ha respaldado estas prácticas.

Por su parte, Madeline Gates, abogada del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs, comentó que el fallo "refuerza que los agentes federales deben cumplir con la ley y no tienen libertad total para aplicar las leyes de inmigración". Gates añadió que este caso aborda lo que sucede antes de que se realicen las detenciones.