La jueza critica a Trump por manipular el sistema judicial en su demanda contra el IRS

WASHINGTON — La jueza federal Kathleen Williams declaró el lunes que la demanda presentada por el expresidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales tenía un "propósito impropio". La magistrada consideró que la queja, que solicitaba 10.000 millones de dólares, era un intento de obtener beneficios personales y sugirió que uno de los abogados de Trump podría enfrentar acciones disciplinarias.

La jueza acusó a Trump y a sus representantes legales de manipular el sistema judicial al demandar a una agencia federal bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Según ella, esto violó el requisito fundamental de que las partes en un litigio deben tener intereses contrapuestos. Williams sostuvo que esto sentó las bases para un acuerdo extrajudicial que otorgaría al expresidente inmunidad frente a auditorías fiscales y crearía un fondo para compensar a sus aliados que afirman haber sido perseguidos judicialmente por razones políticas.

A pesar de no anular el acuerdo que protege a Trump de la revisión fiscal, la jueza afirmó que el gobierno no podía argumentar que dicho acuerdo era el resultado de un proceso legal legítimo. "Nunca se ha planteado ante este tribunal si actores del Poder Ejecutivo pueden acordar en privado otorgarse a sí mismos y a sus antiguos clientes inmunidades generales y miles de millones de dólares en dinero de impuestos por agravios no definidos legalmente. La respuesta es un rotundo 'no'", declaró.

El fallo se produce justo antes de una audiencia clave de confirmación para el secretario de Justicia interino Todd Blanche, quien comparecerá ante la Comisión Judicial del Senado el miércoles. Aunque el impacto práctico de la decisión puede ser limitado, ya que la demanda fue retirada hace meses, la reprimenda severa de la jueza podría generar preguntas incómodas para Blanche durante su testimonio.

La demanda, presentada en enero, acusaba al IRS y al Departamento del Tesoro de no haber evitado la filtración de la información fiscal de Trump a los medios de comunicación entre 2018 y 2020. En mayo, el gobierno había anunciado un acuerdo en el caso que crearía un "fondo antipolitización" para compensar a quienes creían haber sido maltratados por el sistema de justicia penal. Sin embargo, ese fondo fue rápidamente archivado en medio de críticas bipartidistas.

Desde el inicio, la jueza mostró escepticismo sobre la demanda y asignó a un grupo de abogados para determinar si existía un conflicto en el caso, ya que, como presidente en funciones, Trump estaba demandando a entidades cuyas decisiones estaban sujetas a su dirección. Williams dejó claro en su fallo que las respuestas de los abogados no la satisfacían, argumentando que el presidente no podía separar su cargo de la comprensión de lo que había ocurrido.

Además, la jueza remitió al abogado de Trump, Alejandro Brito, para una posible acción disciplinaria ante el colegio de abogados del estado de Florida. También dictaminó que otro abogado, Daniel Epstein, no podría presentar escritos en el Distrito Sur de Florida durante un año.

La jueza también ordenó que su fallo se enviara a los colegios de abogados de Nueva York y del Distrito de Columbia, donde se han presentado quejas éticas contra Blanche y el fiscal general adjunto Stanley Woodward. Williams expresó preocupaciones éticas sobre la participación de ambos en el acuerdo, dado que Blanche había representado previamente a Trump, mientras que Woodward defendió a acusados del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

En su decisión, la jueza subrayó que la capacidad del secretario de Justicia interino para actuar en representación de ambas partes en el litigio era problemática. Williams concluyó que los abogados habían aceptado un acuerdo que implicaba una suma considerable de dinero, que potencialmente beneficiaría a antiguos clientes de manera inapropiada.