La duración de detención de abogada por régimen de Bukele preocupa a defensores legales

SAN SALVADOR (AP) — Ruth Eleonora López, abogada defensora de derechos humanos, lleva más de dos semanas detenida en El Salvador debido a un supuesto caso de peculado. Sin embargo, su situación ha generado polémica al no haber sido presentada ante un juez ni formulados cargos en su contra. Este hecho, que se hizo público a mediados de mayo, ha evidenciado que la política de mano dura promovida por el presidente Nayib Bukele se extiende a delitos comunes.

López, quien trabaja en la organización Cristosal y ha criticado abiertamente el régimen de excepción implantado en el país desde 2022, fue arrestada el 18 de mayo, y sólo su madre ha tenido acceso a visitarla en prisión

La acusación en su contra sugiere que colaboró con un exfuncionario del gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) en la malversación de fondos públicos, un señalamiento que la abogada ha negado rotundamente. La Fiscalía General de la República aún no ha presentado cargos formales.

La Constitución salvadoreña establece que un detenido debe ser presentado ante un juez en un plazo de 72 horas; sin embargo, bajo el régimen de excepción, este período puede ampliarse hasta 15 días. El decreto de Bukele se justifica ante las "graves perturbaciones al orden público".

Desde la implementación de este régimen, más de 86,000 personas han sido encarceladas, con aproximadamente el 90% de ellas enfrentando prisión sin un veredicto judicial.

La denuncia sobre el caso de López pone de manifiesto cómo la restricción de derechos fundamentales, originalmente diseñada para pandilleros, se está aplicando cada vez más a otras infracciones no vinculadas al crimen organizado. Diversos abogados han señalado experiencias similares en casos que involucran delitos como conducción temeraria, lesiones o agresiones.

Oswaldo Feusier, abogado y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, destacó que la implementación de este régimen se ha generalizado en relación a más delitos, lo que lleva a cuestionar la legalidad de su aplicación en casos donde no se relaciona directamente con pandillas.

El presidente Bukele, ante las críticas, ha afirmado que le “importa poco” ser calificado como un dictador, priorizando la seguridad de los ciudadanos frente al crimen. Sin embargo, distintos organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado que el despliegue de estas políticas es excesivo dado que los índices de criminalidad han disminuido a niveles mínimos.

Expertos legales coinciden en que, aunque la extensión del plazo de detención a delitos no relacionados con las pandillas puede ser considerado un abuso, es legal bajo la normativa vigente. Con más del 80% de los casos en tribunales siendo iniciados hasta los 15 días post-captura, se plantea una carga que podría estar motivada por la congestión en los juzgados.

En un contexto en el que diversas ONG critican la retórica del gobierno, la detención de López es vista como parte de una estrategia sistemática de criminalización de defensores de derechos humanos bajo la administración actual, que busca silenciar la oposición y proteger a quienes se benefician del poder.