La Corte Suprema de EE. UU. se pronuncia contra GEO Group por trabajos forzados

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el miércoles un fallo desfavorable para GEO Group, una empresa privada de prisiones, en el contexto de una demanda que sostiene que inmigrantes detenidos en una instalación en Colorado eran forzados a trabajar por un pago de un dólar diario.

Este fallo unánime representa una derrota legal para GEO Group, aunque no se trata de una decisión final. La compañía está impugnando una demanda presentada en 2014, que alega que los detenidos en Aurora eran obligados a realizar tareas de limpieza sin remuneración adecuada y a realizar otros trabajos con la escasa compensación para complementar su alimentación.

La empresa defendió su proceder, argumentando que el caso debería ser desestimado debido a que, como contratista del gobierno, goza de inmunidad ante demandas. Tras la discrepancia de un juez, GEO Group solicitó a la Corte Suprema la posibilidad de apelar de manera rápida la decisión, pero los magistrados rechazaron la solicitud.

La jueza Elena Kagan expresó: "De ser encontrado responsable en última instancia, sin duda que GEO puede apelar... pero GEO debe esperar hasta entonces". Aunque los nueve magistrados coincidieron en el resultado, dos de ellos, Clarence Thomas y Samuel Alito, discreparon en los fundamentos.

Una abogada que representa a los detenidos en Colorado celebró el fallo, subrayando que "la decisión unánime de la Corte Suprema reafirma una regla sencilla: contratistas del gobierno como GEO no son elegibles para la inmunidad soberana y deben seguir el mismo principio de 'un caso, una apelación' que rige a cualquier otro litigante", afirmó Jennifer Bennett.

GEO Group, con sede en Florida, se posiciona como uno de los principales proveedores de detención privada en el país, administrando o poseyendo alrededor de 77.000 camas en 98 instalaciones. Sus contratos incluyen el nuevo centro federal de detención migratoria donde, en mayo de 2025, el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado durante una protesta, antes de que se retirara el caso.

Demandas similares han sido presentadas en nombre de inmigrantes detenidos en otras localidades, incluyendo un caso en Washington, donde la empresa tuvo que pagar más de 23 millones de dólares.