La Corte Suprema de EE. UU. rechaza restricciones de tratamientos médicos para reclusos transgénero

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el Gobierno de Donald Trump no tiene la autoridad para implementar una nueva política que limita los tratamientos médicos para los reclusos transgénero en las prisiones federales.

Esta normativa se inscribe en un esfuerzo más amplio del presidente Trump por deshacer medidas que buscan ampliar los derechos de las personas transgénero.

El Tribunal Supremo desestimó una apelación urgente presentada por el Departamento de Justicia, que pedía la suspensión de la orden del tribunal de distrito y la reactivación de las nuevas regulaciones. La política propuesta implicaría la suspensión de tratamientos quirúrgicos y de terapia hormonal, así como adaptaciones sociales, para aquellos reclusos diagnosticados o que se encuentren en proceso de diagnóstico de disforia de género, según reportó CBC News y fue confirmado por Noticias Argentinas.

Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas manifestaron que hubieran permitido que la administración Trump implementara el cambio.

El mes pasado, la administración Trump solicitó la intervención del Tribunal Supremo en esta controversia, argumentando que la nueva política para los reclusos transgénero es esencial para garantizar la seguridad institucional.

Sin embargo, los abogados de una mujer transgénero y dos hombres transgénero que están en prisiones federales y que impugnaron las normas, señalaron que la Oficina de Prisiones ha proporcionado tratamiento hormonal a personas con disforia de género desde 1992. Indicaron que la nueva política obligaría a interrumpir el tratamiento de cerca de 1000 reclusos bajo la custodia de dicha oficina.

Li Nowlin-Sohl, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que representa a los reclusos, destacó que la decisión de la Corte Suprema es crucial para las personas transgénero encarceladas en el sistema federal.

"Negar atención médica necesaria, incluyendo la atención médica de afirmación de género, a las personas encarceladas es una violación de sus derechos constitucionales fundamentales", afirmó Nowlin-Sohl en un comunicado. "Continuaremos defendiendo los derechos de nuestros clientes y de todas las personas privadas de libertad", añadió.

El caso surgió a raíz de una orden ejecutiva de Trump

La controversia ante la Corte Suprema se origina en una demanda interpuesta por los reclusos contra la administración Trump el año pasado, en representación de las personas encarceladas diagnosticadas con disforia de género. Esta demanda fue presentada tras una orden ejecutiva que prohibía el uso de fondos federales para procedimientos o tratamientos médicos dirigidos a reclusos transgénero bajo la custodia de la Oficina de Prisiones.

En respuesta a esta situación, la Oficina de Prisiones emitió en febrero una nueva política que establecía que no proporcionaría cirugías ni terapia hormonal para tratar la disforia de género. Aquellos reclusos que recibían tratamientos hormonales podrían enfrentarse a un plan de reducción gradual que culminaría en la interrupción de las intervenciones.

Las nuevas normas también estipulan que la Oficina de Prisiones dejaría de ofrecer adaptaciones sociales, como rellenos para el pecho, fajas compresoras, pelucas y maquillaje, a los reclusos con disforia de género.

En un memorando que acompañaba a la política, la Oficina de Prisiones justificó el cambio citando la orden ejecutiva de Trump y mencionó que modificó sus reglas para "reflejar un tratamiento para la disforia de género que esté más alineado con la información científica más reciente, que sea consistente con la política de larga data de la Oficina de Prisiones de brindar atención médica adaptada a las necesidades únicas del recluso y que tenga en cuenta las complejas preocupaciones de seguridad y administración en el entorno penitenciario".