La CIDH evalúa solicitud para investigar ataques de EEUU a embarcaciones en el océano

CIUDAD DE GUATEMALA — La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitó el viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de un grupo de expertos que se encargue de investigar los ataques realizados por Estados Unidos en aguas internacionales contra embarcaciones pequeñas en el marco de su lucha contra el narcotráfico.

Durante una audiencia sobre derechos humanos en operaciones de seguridad extraterritoriales, en el 195º período de sesiones de la CIDH en Guatemala, el director del programa de Derechos Humanos de la ACLU, Jamil Dakwar, expuso que estos ataques han provocado al menos 157 muertes desde su inicio en septiembre del año pasado.

El último ataque tuvo lugar el domingo, cuando las fuerzas armadas estadounidenses informaron que eliminaron a seis hombres que viajaban en una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Pacífico oriental.

"Hasta el 12 de marzo de 2026, Estados Unidos ha llevado a cabo 45 ataques armados contra embarcaciones, principalmente en aguas internacionales, resultando en la muerte de aproximadamente 157 personas, con solo 3 sobrevivientes confirmados y 9 desaparecidos", denunció Dakwar. Agregó que, aunque la audiencia no se enfocaría en ataques específicos, es importante recordar que cada una de estas víctimas tenía familias y vidas que han sido irreversiblemente alteradas.

Una de las preocupaciones más evidentes durante la audiencia fue que solo se han podido identificar a dos víctimas de estos ataques. "Son ataques tan letales que no queda rastro de las víctimas, y sus familias temen hablar", afirmó el abogado Stephen Watt, también de la ACLU.

Dakwar subrayó que las acciones de Estados Unidos se alinean con el concepto de ejecuciones extrajudiciales y solicitó a la CIDH que investigue estos ataques, documentando las implicaciones para los derechos humanos de las víctimas, sus familias y las comunidades de los Estados miembros de la OEA afectadas.

Además, pidió que la CIDH declare que la política estadounidense de realizar ataques letales contra embarcaciones infringe el derecho internacional, así como que se desclasifique la "opinión secreta" del Departamento de Justicia que justifica estos ataques.

"Ningún país, por muy poderoso que sea, tiene derecho a llevar a cabo ataques militares ilegales que causen muerte y daño a personas y comunidades", enfatizó Dakwar.

Por su parte, Carl Anderson, de la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado estadounidense, defendió la postura de su país, sugiriendo que la CIDH debería permitir una audiencia para tratar este asunto, dado que existen procesos judiciales internos en curso.

Anderson añadió que no sorprende que la ACLU aproveche cada oportunidad para criticar los esfuerzos de la administración Trump en pro de la seguridad en el hemisferio y la protección de la población en América. También recordó que Estados Unidos es uno de los principales proveedores de fondos para la CIDH.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, argumentó que la CIDH se había extralimitado en su mandato al realizar una audiencia sobre las operaciones antiterroristas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental, y que esto le permitió a la ACLU intentar forzar a Estados Unidos a revelar información prematuramente en casos pendientes ante tribunales federales.

La CIDH, por su parte, aclaró que las audiencias temáticas no son parte de procesos o investigaciones, y se realizan con el aval de los Estados para fomentar el diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos.