La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó su primera ley sobre inteligencia nacional

QUITO (AP) — La Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde el martes a una legislación sobre inteligencia nacional, diseñada para coordinar información proveniente de diversas áreas, incluyendo las fuerzas militares, policiales y financieras. Esta medida surge en respuesta a un contexto de escalada de violencia criminal que ha afectado al país durante más de cuatro años.

Con una votación de 77 a favor de un total de 151 legisladores, se aprobó en segundo y definitivo debate esta ley que había permanecido pendiente durante años. La iniciativa fue reformulada y presentada por el gobierno de Daniel Noboa.

Desde el partido opositor Revolución Ciudadana, se levantaron reservas y críticas sobre ciertos artículos de la legislación, especialmente aquellos que permiten al sistema de inteligencia solicitar información de manera inmediata, sin requerir una orden judicial. Esto incluiría datos de personas y entidades, así como registros de usuarios de empresas de telecomunicaciones.

Inés Alarcón, presidenta de la comisión de Seguridad de la Asamblea y responsable del proyecto, destacó que la ley establece límites claros a las actividades de inteligencia, asegurando que estas no estarán por encima de derechos constitucionales y legales. Asimismo, señala que no se podrá recopilar información ni almacenar datos de personas que realicen actividades lícitas, y los periodistas no estarán obligados a revelar sus fuentes.

Este nuevo marco legal también prohíbe el uso del sistema para perseguir o investigar a individuos por motivos de etnia, religión o creencias políticas, entre otros aspectos. La ley incorpora argumentos que ponen en evidencia la situación de violencia que vive el país. En su texto, se menciona que Ecuador enfrenta desafíos significativos que requieren una respuesta institucional robusta y legalmente fundamentada en medio de un entorno complicado con amenazas transnacionales, como el crimen organizado y la corrupción.

Ahora, el proyecto será enviado al presidente Noboa, quien podrá aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. Sin embargo, se anticipa que no habrá impedimentos para su promulgación, dado que proviene de su propio bloque legislativo.