Jueza declara ilegales los despidos en agencia de salud de EEUU y ordena su detención

 Una jueza federal emitió un fallo condenando los despidos masivos recientes en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, considerándolos probablemente ilegales. La jueza Melissa DuBose ordenó a la administración Trump que detenga cualquier intento de reducir y reorganizar la fuerza laboral sanitaria nacional.

La decisión surgió como resultado de una solicitud de orden judicial preliminar presentada por una coalición de fiscales generales de 19 estados y el Distrito de Columbia, en respuesta a una demanda interpuesta a principios de mayo. 

En su dictamen, DuBose afirmó que los estados pudieron demostrar un "daño irreparable" y es probable que prevalezcan en su argumento de que las acciones de la agencia de salud fueron "arbitrarias y caprichosas, además de contrarias a la ley".

“El Poder Ejecutivo no posee la autoridad para ordenar, organizar o implementar cambios generales en la estructura y funcionamiento de las agencias creadas por el Congreso”, indicó DuBose en su orden de 58 páginas, emitida en el tribunal de distrito de Providence.

Mediante esta orden, queda prohibido a la administración Trump finalizar los despidos anunciados en marzo, así como realizar cualquier nuevo despido. El departamento de salud debe presentar un informe de estado ante el tribunal antes del 11 de julio.

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El fallo tiene repercusiones sobre los empleados despedidos en cuatro divisiones clave del departamento: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; el Centro de Productos de Tabaco de la Administración de Alimentos y Medicamentos; la Oficina de Head Start dentro de la Administración para Niños y Familias; y la Oficina del Secretario Asistente para Planificación y Evaluación.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., había eliminado más de 10.000 empleos a finales de marzo y consolidado 28 agencias en 15, una medida que generó presión sobre programas vitales. Desde entonces, algunas agencias, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, han revocado despidos afectando a cientos de empleados en áreas que monitorean el VIH, la hepatitis y otras enfermedades.

Los fiscales de varios estados argumentaron que esta masiva reestructuración fue arbitraria y fuera del alcance de la autoridad de la agencia. La demanda sostiene que esta decisión afectó programas esenciales y trasladó la carga financiera a los estados, destacando que el objetivo real fue la eliminación generalizada de muchos programas importantes para la salud y seguridad pública.

Los despidos formaron parte de una directiva federal titulada 'Hacer Estados Unidos Saludable de Nuevo', cuyo objetivo era reducir costos y eliminar redundancias. 

En una audiencia el 14 de mayo, Kennedy expuso que existía "tanto caos y desorganización" en el departamento de salud, pero la reestructuración derivó en la eliminación de equipos clave que regulan la seguridad alimentaria y de los medicamentos, así como el apoyo a programas relacionados con el tabaco, la prevención del VIH y la salud materna e infantil. 

Posteriormente, Kennedy mencionó la posibilidad de reincorporar al 20% de los despedidos, citando errores en el proceso de despido.