Juez evalúa derechos legales de detenidos en el “Alcatraz de los Caimanes” en Florida

MIAMI (AP) — Un juez federal sopesó el lunes si a los detenidos en una cárcel temporal para inmigrantes en Florida se les han negado sus derechos legales.

En la segunda de dos demandas que impugnaron las prácticas en el llamado “Alcatraz de los Caimanes”, abogados de derechos civiles solicitaron la orden de un juez para garantizar que los detenidos tuvieran acceso confidencial a sus abogados, lo cual, según ellos, no había sucedido. Los funcionarios de Florida disputaron esa afirmación.

Los abogados de derechos civiles también quisieron que el juez federal de distrito, Rodolfo Ruiz, identificara un tribunal de inmigración que tuviera jurisdicción sobre el centro de detención para que se pudieran presentar peticiones para la fianza o liberación de los detenidos. Los abogados afirmaron que las audiencias para sus casos habían sido rutinariamente canceladas en los tribunales federales de inmigración de Florida, ya que jueces dijeron no tener jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.

Al inicio de la audiencia del lunes, los abogados del gobierno dijeron que designarían al tribunal de inmigración en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, en el área de Miami, que tendría jurisdicción sobre el centro de detención en los Everglades, en un esfuerzo por abordar algunas de las preocupaciones constitucionales de los abogados de derechos civiles. El juez dijo a los abogados del gobierno que no esperaba que cambiaran esa designación sin una buena razón.

Pero antes de profundizar en los temas centrales de los derechos de los detenidos, Ruiz quiso saber si la demanda se presentó en la jurisdicción adecuada en Miami. Los demandados del gobierno estatal y federal argumentaron que, aunque la pista de aterrizaje aislada donde se construyó la instalación es propiedad del condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida es el lugar incorrecto, ya que el centro de detención se ubica en el vecino condado Collier, que está en el distrito medio del estado.

La audiencia terminó sin que el juez emitiera un fallo inmediato. Ruiz sugirió que el caso contra los demandados federales podría ser apropiado para el distrito sur, pero el caso contra los demandados estatales podría ser mejor en el distrito medio.

La audiencia sobre el acceso legal se produce mientras otro juez federal en Miami sopesó si la construcción y las operaciones en la instalación deberían detenerse indefinidamente porque no se siguieron las normas ambientales federales. La jueza federal de distrito, Kathleen Williams, ordenó el 7 de agosto una suspensión de 14 días en construcciones adicionales en el sitio mientras los testigos testificaban en una audiencia que concluyó la semana pasada. Ella ha dicho que planea emitir un fallo antes de que la orden expire más tarde esta semana.

Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se estaba preparando para abrir una segunda instalación de detención de inmigrantes apodada “Depósito de Deportación” en una prisión estatal en el norte de Florida. DeSantis justificó la construcción del segundo centro de detención diciendo que la administración del presidente Donald Trump necesita la capacidad adicional para detener y deportar a más inmigrantes.

El estado de Florida disputó las afirmaciones de que los detenidos en el “Alcatraz de los Caimanes” no habían podido reunirse con sus abogados. Los abogados del estado dijeron que, desde el 15 de julio, cuando comenzó la videoconferencia en la instalación, el estado ha concedido todas las solicitudes para que los detenidos se reúnan con un abogado, y las reuniones en persona comenzaron el 28 de julio. Los primeros detenidos llegaron a principios de julio.

Pero los abogados de derechos civiles dijeron que, incluso si se había programado que los abogados se reunieran con sus clientes en el centro de detención, no había sido en privado o confidencial, y era más restrictivo que en otras instalaciones de detención de inmigrantes. Señalaron que los retrasos en la programación y un requisito de aviso previo no razonable habían obstaculizado su capacidad para reunirse con los detenidos, violando así sus derechos constitucionales.

Los abogados de derechos civiles también afirmaron que los oficiales iban de celda en celda para presionar a los detenidos a firmar órdenes de remoción voluntaria antes de que se les permitiera consultar a sus abogados, y algunos detenidos habían sido deportados aunque no tenían órdenes de remoción final. Junto con la propagación de una infección respiratoria y el agua de lluvia inundando sus tiendas de campaña, las circunstancias alimentaron un sentimiento de desesperación entre los detenidos, escribieron los abogados en un documento judicial.

El juez prometió una decisión rápida.