Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, enfrentará un nuevo juicio por corrupción post-terremoto

QUITO (AP) — La justicia ecuatoriana ha convocado, a través de un juez, un nuevo juicio contra el exvicepresidente Jorge Glas, quien actualmente cumple condena en prisión por dos casos de corrupción. El nuevo proceso se centra en la presunta malversación de fondos públicos destinados a la reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016.

Durante una audiencia pública, el juez Marco Aguirre expresó que las pruebas presentadas por la Fiscalía sugieren la posible existencia del delito de peculado. Esto implica que se argumentará ante un tribunal si efectivamente se cometió el ilícito o no. Además, el juez solicitó la realización de una evaluación médica para determinar el estado psiquiátrico del exfuncionario.

Glas se encuentra detenido en una prisión de alta seguridad desde 2024, tras haber sido condenado a penas de seis y ocho años por casos de corrupción. Su detención se produjo tras una serie de incidentes, incluyendo una polémica intervención policial en la embajada de México en Quito, lo que causó una crisis diplomática entre ambos países.

La defensa de Glas ha solicitado su traslado a un centro de detención diferente, argumentando problemas de salud que han sido confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En respuesta, Aguirre ordenó llevar a cabo una pericia en un plazo de doce días, cuyos resultados deberán ser presentados ante la justicia.

El caso conocido como “Reconstrucción” se originó a raíz de la creación de un comité que estuvo bajo la presidencia de Glas para gestionar proyectos de reconstrucción después del terremoto de magnitud 7,8, que dejó cerca de 700 fallecidos y significativos daños materiales, principalmente en la provincia de Manabí. También fue aprobado un marco legal destinado a recaudar fondos a través de impuestos para facilitar la reconstrucción.

Según la Fiscalía, Glas y el secretario del comité, Carlos Bernal, priorizaron la ejecución de once proyectos que no deberían haberse financiado bajo la Ley de Solidaridad, dado que fueron establecidos antes del sismo. Estas decisiones no contaron con la aprobación unánime de los miembros del comité, lo cual es un aspecto central del juicio. La abogada de Glas, Sonia Vera, alegó que esta imputación busca criminalizar decisiones políticas tomadas dentro de un órgano colegiado y destacó que Glas no tuvo control directo sobre los recursos implicados.

Enfatizó que el objetivo de la acusación es mantener a su cliente privado de libertad de manera indefinida, lo que contraviene las obligaciones internacionales de Ecuador respecto a los derechos humanos. Recientemente, Vera había informado que Glas fue citado como sospechoso en una nueva investigación relacionada con el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que ocurrió en agosto de 2023.