JD Vance pide investigar a funcionarios de Minnesota por fraude en servicios sociales

WASHINGTON — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha instado a los fiscales federales a que se inicie una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el fiscal general del estado, Keith Ellison, debido a acusaciones que indican que no tomaron medidas para frenar un fraude significativo en los servicios sociales. Esta situación genera inquietudes sobre el posible uso de una nueva división del Departamento de Justicia por parte de la Casa Blanca para atacar a adversarios políticos.

En una carta dirigida al Departamento de Justicia, Vance hizo referencia a un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, que alega que tanto Walz como Ellison estuvieron al tanto de los abusos en programas gubernamentales durante años y no actuaron para detenerlos.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha respondido a consultas sobre la posibilidad de abrir una investigación. No está claro qué violaciones de la ley federal, si es que existen, podrían justificar una pesquisa contra los funcionarios demócratas de Minnesota, quienes defienden sus esfuerzos para combatir el fraude y sostienen que la investigación del Departamento de Justicia tiene motivaciones políticas.

Minnesota ha sido objeto de atención por las alarmantes cifras de fraude en programas para niños y otros servicios sociales, donde decenas de personas han sido acusadas durante las administraciones de Joe Biden y Donald Trump. Sin embargo, la solicitud de Vance para investigar a los líderes estatales representa un incremento en la declarada "guerra contra el fraude" del gobierno de Trump, que, según funcionarios, no tiene fines políticos.

El vicepresidente está buscando que una nueva división del Departamento de Justicia, que ha suscitado un intenso escrutinio por su posible influencia política, realice la investigación. Esta división fue anunciada por la Casa Blanca en enero, y se indicó que su líder reportaría directamente al presidente, en lugar de seguir la cadena de mando habitual del Departamento de Justicia.

El portavoz de Walz, Teddy Tschann, descalificó al comité de la Cámara, llamándolo "una broma" que sigue "recalentando el fraude de la era del COVID".

"Al gobernador Walz le alegra ver que los estafadores van a prisión", manifestó Tschann en un correo electrónico. "Si al comité le preocupa la corrupción, debería investigar por qué Trump sigue dejando salir de prisión a estafadores". Este comentario hace referencia a las clemencias otorgadas por Trump a varios condenados por delitos financieros.

Ellison rechazó las acusaciones, calificándolas de infundadas y desestimando la solicitud de Vance como "una maniobra política" que utiliza el estado para atacar a quienes considera oponentes, mientras otorga indulgencia a quienes están alineados con sus intereses.

"Es profundamente preocupante ver cómo se desvían facultades oficiales y recursos públicos que deberían servir a la gente y, en cambio, se orientan a perseguir adversarios políticos", expresó Ellison en un comunicado. "Esto disminuye la confianza pública en nuestras instituciones".

El comité de la Cámara sostiene que las advertencias sobre fraude llegaron a los niveles más altos del gobierno estatal de Minnesota y que los pagos continuaron "mucho después de que surgieron señales creíbles de fraude". En su solicitud, Vance escribió que los funcionarios de Minnesota, o de cualquier otro lugar, "deben rendir cuentas" si facilitaron el fraude o impidieron que los funcionarios lo detuvieran.

"Los funcionarios estatales de Minnesota no están por encima de la ley", escribió Vance en una publicación en X.

El gobierno de Trump ha tenido conflictos con funcionarios de Minnesota no solo por el fraude, sino también por la ofensiva federal contra la inmigración en el área de Minneapolis-St. Paul, que ha derivado en protestas. En enero, el Departamento de Justicia envió citaciones a funcionarios de Minnesota como parte de una investigación sobre si obstruyeron a las fuerzas del orden federales mediante declaraciones públicas. No se tiene claridad sobre el estado de esta investigación.

La creación de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude ha sido promocionada por el gobierno de Trump como un paso importante para prevenir el uso indebido de los fondos públicos. El líder de la división, Colin McDonald, un fiscal general adjunto, ha prometido llevar adelante casos "sin temor ni favoritismos".

Sin embargo, críticos han cuestionado los motivos detrás de esta nueva división, dado que el fraude ya estaba siendo procesado por la División de Justicia Penal de la agencia, que el año pasado llevó a cabo el mayor operativo coordinado contra fraudes sanitarios en la historia del Departamento de Justicia.