Gustavo Petro moviliza a sus seguidores para respaldar el aumento del salario mínimo

BOGOTÁ — El aumento anual del salario mínimo en Colombia, que generalmente se considera un trámite, enfrenta un nuevo desafío este año debido a una controversia entre el gobierno y el Poder Judicial. El incremento del 23% decidido en diciembre por el presidente Gustavo Petro comenzó a regir el 1 de enero, pero su aplicación se encuentra suspendida provisionalmente por un fallo de un tribunal que está revisando diversas demandas en su contra.

Ante esta situación, el mandatario convocó el pasado jueves a sus seguidores a participar en manifestaciones para defender este aumento, el cual es histórico en comparación con el incremento del 16% que se había otorgado en 2023, también bajo su administración. Las movilizaciones buscan mostrar un respaldo popular ante la decisión judicial que podría frenar el incremento.

El Consejo de Estado, el máximo tribunal de la administración pública, recibió más de 30 demandas de ciudadanos que consideran que el aumento es desproporcionado, ya que cuadruplicaría la inflación anual, lo que podría causar un "impacto irreversible" en los costos de las pequeñas y medianas empresas.

El tribunal ha solicitado al gobierno que emita un nuevo decreto que establezca un salario mínimo transitorio mientras se resuelve el tema, considerando aspectos como la inflación, la productividad y el crecimiento del producto interno bruto.

La convocatoria a la manifestación de Petro coincide con la cercanía del plazo para que el gobierno defina el nuevo salario mínimo. En Colombia, alrededor de 2,4 millones de trabajadores dependen de este salario.

En cuanto a la postura del gobierno, se busca mantener el incremento del 23%, coincidiendo con la propuesta de los sindicatos. Esta decisión fue anunciada tras una reunión con representantes de gremios y empresarios, quienes en su mayoría apoyaron la medida. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, afirmó que reducir el salario en este contexto sería una decisión muy difícil.

Desde la Federación Nacional de Comerciantes, se advirtió que el aumento podría poner en riesgo más de 700.000 empleos formales, afectando a las pequeñas y medianas empresas que tendrían que asumir el costo. Además, señalaron que el aumento no beneficiará a los trabajadores informales, que representan el 55% de la fuerza laboral, según datos oficiales.

Este debate sobre el salario mínimo se desarrolla en un contexto electoral, con elecciones programadas para el 8 de marzo para un nuevo Congreso y la primera vuelta presidencial el 31 de mayo. Algunos candidatos opositores han cambiado su postura y ahora piden que se mantenga el aumento del 23% para proteger a los trabajadores, mientras sugieren alivios fiscales para las empresas.

El análisis de Javier Garay, doctor en Ciencia Política, sugiere que el gobierno está calculando sus movimientos en función de la popularidad de esta medida entre sus bases. Según Garay, la movilización busca presionar a las cortes para obtener decisiones favorables y podría generar un discurso de opresión hacia las élites en caso de que se mantenga el aumento.