Gustavo Petro impulsa un proyecto de ley para llevar a la justicia a guerrillas y cárteles en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro apostó en su último año de gobierno a consolidar su proyecto de “paz total”, con el que ambicionó negociar y desarmar a los múltiples grupos armados y bandas urbanas que azotaron con violencia al país.

Para eso, Petro propuso ante el Congreso un proyecto de ley que ofreció un tratamiento penal especial para que se sometan a la justicia un amplio abanico de actores ilegales: desde una guerrilla de izquierda hasta el mayor cártel del narcotráfico.

El proyecto buscó dar un marco jurídico a las negociaciones que Petro adelantó desde que inició su gobierno y que no tuvieron un tránsito fácil: actualmente están suspendidas con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y con la mayoría de los disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al histórico acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016.

El nuevo marco jurídico le permitió avanzar con algunas facciones que, aunque con pocos armados, podrían mostrar un resultado palpable de su política de paz, que hasta ahora no desmanteló a ninguna estructura.

El proyecto, que debió ser aprobado por un Congreso donde el gobierno no tenía mayorías, ofreció rebajas de penas y la conservación de un porcentaje de los bienes adquiridos con negocios ilícitos a cambio del desarme, la confesión y la reparación a las víctimas.

Al proyecto le esperó un amplio debate en el Parlamento justo cuando los legisladores y el país entraron en una etapa de precampaña para las elecciones generales de marzo del próximo año.

¿A QUIÉNES BENEFICIARÍA?

A grupos armados ilegales a los que el gobierno les atribuyó motivaciones políticas como el ELN y las disidencias de las FARC.

En un segundo nivel, el proyecto incluyó beneficios para las organizaciones criminales de alto impacto, un término usado para las bandas ilegales, a menudo dedicadas al narcotráfico. Eso incluyó al Clan del Golfo, el principal cártel del país, y a bandas de Medellín, la segunda ciudad de Colombia, y Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano.

En una tercera categoría están las personas investigadas o condenadas por participar en protestas sociales, una promesa de campaña de Petro para quienes fueron procesadas por sus actuaciones en el marco de las protestas antigubernamentales de 2021.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÍAN?

La iniciativa buscó aplicar mecanismos especiales de privación de la libertad, reparación de las víctimas y transformación de los territorios.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó a la prensa que este tipo de justicia, que puede dar entre cinco a ocho años de prisión, sólo aplicó para los actores del conflicto armado y no para las organizaciones criminales de alto impacto.

Para las bandas criminales aplicaron rebajas de penas de entre 40% y 60% de acuerdo al grado de colaboración para el desmantelamiento de la estructura. Mientras que los procesados por la protesta social pudieron tener una rebaja de pena de hasta 70%.

Quienes se sometieron a la justicia pudieron conservar hasta el 12% de los bienes entregados y la otra parte de los activos, administrados por una entidad estatal, fueron destinados a reparar a las víctimas.

El proyecto condicionó los beneficios —so pena de perderlos— a que hubieran entregado los bienes ilícitos, a los menores de edad reclutados forzadamente, se comprometieran formalmente a no volver a delinquir y contribuyeran al “esclarecimiento de la verdad”.

Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, explicó a The Associated Press que existe el riesgo de que los beneficios jurídicos que plantea el proyecto no hayan sido fruto de un intercambio previo con las estructuras ilegales, por lo que no hay certeza de que generen incentivos y sean aceptados y, de convertirse en ley, ayuden a desmantelar las grandes estructuras como el Clan del Golfo.

¿QUIÉN LOS JUZGARÁ?

La iniciativa contempló que las estructuras criminales debían suscribir un acuerdo de desmantelamiento ante la fiscalía o presentarse de forma individual.

La fiscalía adelantó interrogatorios y un escrito de acusación detallando los delitos. En caso de que aceptaran su responsabilidad, pueden recibir el tratamiento penal especial; de lo contrario, irían a un proceso bajo las leyes ordinarias, sin beneficios.

Arias aseguró que la fiscalía colombiana ha desarrollado habilidades del modelo de justicia restaurativa en procesos anteriores a paramilitares, por lo que aplicar la propuesta del gobierno no sería inédito. Sin embargo, aún no quedó claro si tendría la capacidad institucional y financiera para tramitar el potencial sometimiento de miles de personas.

¿POR QUÉ HA RECIBIDO CRÍTICAS?

Los críticos advirtieron que podría dejar en la “impunidad” a personas que han cometido crímenes, lo que terminaría por alentar la criminalidad. Sin embargo, el gobierno aseguró que no hay impunidad porque habrá un mínimo de penas.

El expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz por firmar el acuerdo con las extintas FARC, aseguró a la prensa que el proyecto de Petro carece de planeación e indicó que los reincidentes no deberían volver a tener los beneficios de una justicia transicional.

Esto es porque el proyecto permitió que se acogieran personas que ya fueron excluidas de los dos tribunales especiales existentes: Justicia y Paz, que juzga a paramilitares, y la Jurisdicción Especial de Paz que juzga a exguerrilleros de las FARC, agentes estatales y terceros civiles.