Guatemala presenta plan para proteger a defensores de derechos humanos en crisis

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno de Guatemala presentó el jueves su nueva política pública de protección a los defensores de derechos humanos que definió las acciones a seguir cuando se vulnera su vida, seguridad e integridad.

Esto incluyó mecanismos de prevención de riesgos y amenazas, un sistema de protección y protocolos de investigación. También promovió la coordinación con el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia y una reparación digna.

El anuncio se produjo mientras más de un centenar de exfiscales, exjueces y periodistas debieron exiliarse tras ser perseguidos por la justicia; continuó en prisión, sin juicio ni condena, el periodista José Rubén Zamora y a siete meses de la detención de los líderes indígenas que encabezaron protestas a favor de que el actual presidente Bernardo Arévalo asumiera la presidencia en 2024.

Arévalo dijo al hacer el anuncio que es un día "histórico para Guatemala" y que esta política debe ser "una herramienta que le dé al Estado los mecanismos para proteger efectivamente a quienes defienden los derechos de las personas en todos los ámbitos de la vida".

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado guatemalteco por la muerte del defensor de derechos humanos Florentín Gudiel Ramos ocurrido en 2004.

Gudiel Ramos había integrado una de las facciones de la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala —que participó en la civil entre 1960 y 1996— y era un líder comunitario en el departamento norteño de Peten.

Había iniciado su lucha 20 años antes luego de la desaparición de su hijo José Miguel Gudiel, entonces de 23 años, cuya desaparición forzada y ejecución extrajudicial se documentó en el "Diario Militar", un dossier de 74 páginas hecho público en 1999 que documentó la desaparición y asesinato de más de 150 personas.

Makrina Gudiel, hija de José Miguel Gudiel, dijo que espera que la nueva política sea un instrumento que evite "la violencia cometida contra quienes defienden la vida" y para que "actos como el asesinato de mi papá, que se siguen dando, no vuelvan a repetirse".

La implementación de la política anunciada estará a cargo del Ministerio de Gobernación y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos con el acompañamiento de organizaciones civiles.

El ministro de gobernación, Marco Villeda, dijo que "por primera vez reconocemos que las personas defensoras no son adversarias sino aliadas de la democracia" y que su seguridad "no es una concesión del poder, sino una obligación moral y jurídica del Estado".

The Associated Press solicitó al Ministerio Público datos estadísticos de las denuncias sobre ataques a defensores de derechos humanos, pero no obtuvo respuesta.