Corrupción y justicia en Guatemala
18/05/2026 | 18:03
Redacción Cadena 3
CIUDAD DE GUATEMALA — Un día después de finalizar su segundo mandato al frente del Ministerio Público, la exfiscal general Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por 40 países debido a actos de corrupción y por socavar la democracia en Guatemala, fue objeto de una denuncia el lunes. El político local Roberto Arzú la acusa de haber criminalizado a más de un centenar de ex operadores de justicia, activistas y periodistas que se encuentran en el exilio.
Durante los ocho años de gestión de Porras, Arzú afirmó que la fiscalía se convirtió en "una estructura y un régimen de corrupción, impunidad y persecución selectiva a personas inocentes". En 2025, la exfiscal había denunciado a Arzú por violencia psicológica, pero esa causa no tuvo avances.
La querella también incluye a otros funcionarios cercanos a Porras, como su secretario general Ángel Pineda, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, la fiscal regional norte Cinthia Monterroso y el fiscal metropolitano Dimas Jiménez. Arzú sostiene que estos funcionarios formaron parte de una estructura dentro de la fiscalía que despidió de manera ilegal a cientos de fiscales que se negaron a participar en el régimen de impunidad y corrupción.
Arzú también mencionó que no descarta presentar más denuncias contra estos mismos funcionarios por otros casos que están siendo analizados. La denuncia se produce en un contexto donde Gabriel García Luna asumió el cargo de nuevo fiscal general, tras la salida de Porras, y anunció la disolución de la FECI, argumentando que "lastimosamente la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana".
La FECI, bajo la dirección de Curruchiche, ha sido criticada por su uso en la criminalización de opositores, jueces y periodistas que investigaban actos de corrupción. Además, García Luna anunció la creación de una comisión que revisará los procesos judiciales de quienes denunciaron ser objeto de criminalización, con el fin de resolver sus situaciones legales y establecer responsabilidades.
En mayo de 2025, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó a la fiscalía por mantener una política de criminalización hacia colectivos que denunciaban actos de corrupción.
¿Quién fue denunciada?
La exfiscal general Consuelo Porras.
¿Por qué fue denunciada?
Por criminalizar a más de un centenar de ex operadores de justicia, activistas y periodistas.
¿Quién presentó la denuncia?
Roberto Arzú, un político local y excandidato presidencial.
¿Qué otros funcionarios están involucrados?
Ángel Pineda, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Dimas Jiménez.
¿Qué acciones tomará el nuevo fiscal?
Creará una comisión para revisar procesos judiciales relacionados con denuncias de criminalización.
[Fuente: AP]
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