Guatemala: Dos mujeres magistradas en la Corte de Constitucionalidad

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo nombró a dos abogadas como magistradas de la Corte de Constitucionalidad, completando así la conformación del alto tribunal que operará durante los próximos cinco años.

En un mensaje dirigido a la nación el miércoles por la noche, el mandatario anunció que, en consejo de ministros, eligió a las abogadas Gladys Annabella Morfin, exprocuradora general de la nación, y a la abogada maya kaqchikel María Magdalena Jocholá, quien cuenta con una sólida trayectoria en temas relacionados con los pueblos indígenas, para ocupar un lugar en la Corte.

Morfín, de 75 años, asumirá la presidencia de la CC, un cargo que se rota anualmente por orden de edad entre los magistrados. El tribunal está conformado por 10 magistrados, de los cuales cinco son titulares y cinco suplentes.

La Corte de Constitucionalidad es una de las cinco instituciones del país que renuevan su dirección este año. Las otras instituciones que también están en proceso de renovación incluyen la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral, que cuenta con cinco jueces titulares y cinco suplentes, el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Este tribunal es considerado la máxima instancia judicial en Guatemala y sus decisiones son definitivas, sin posibilidad de apelación. Además, no se encuentra bajo ningún mecanismo de control.

De acuerdo con la Constitución, los candidatos a la CC deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, de la USAC y ser electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La mayoría de los magistrados actuales busca su reelección.

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo fueron elegidos por el Colegio de Abogados como magistrado titular y suplente, mientras que la USAC designó a Julia Marisol Rivera como magistrada titular y a José Luis Aguirre como suplente.

Las designaciones del Congreso para el magistrado titular Roberto Molina Barreto y su suplente Luis Rosales Marroquín, así como las de la Corte Suprema de Justicia con la titular Dina Ochoa y la suplente Claudia Paniagua, han recibido críticas debido a que estos funcionarios han tomado decisiones que favorecen a narcotraficantes, pandilleros y militares acusados de crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Durante las elecciones del Congreso, algunos diputados denunciaron que el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John Barrett, solicitó apoyo a los congresistas para respaldar a Molina Barreto, lo que llevó a Arévalo a consultar a Washington sobre la situación.

La actual CC ha sido objeto de cuestionamientos por varios de sus fallos, incluyendo uno de abril de 2024 que confirmó la libertad del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue declarado culpable de corrupción en dos casos, uno por defraudación aduanera, lo que le costó la presidencia.

Además, la corte validó las acciones del juez Fredy Orellana, quien fue sancionado por Estados Unidos, al cancelar al Movimiento Semilla, el partido político que llevó a Arévalo a la presidencia en 2023, a pesar de que la Ley Electoral solo otorga esa facultad al TSE.