Guatemala avanza en la lucha contra el lavado de dinero con nueva legislación

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En una decisión crucial, el Congreso de Guatemala aprobó la noche del martes una nueva ley integral destinada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta acción se llevó a cabo después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtiera sobre la posibilidad de que el país fuera incluido en una lista gris por su inacción en este ámbito.

La ley recibió el apoyo de 147 de los 160 diputados que componen el Congreso, y se prevé que entre en vigor tres meses después de su publicación oficial. Con esta nueva normativa, se busca dotar al sistema financiero guatemalteco de herramientas más efectivas para la detección y prevención del lavado de dinero, especialmente aquellos fondos derivados de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo de pandillas.

La aprobación de esta iniciativa se produjo tras meses de debates y tensiones internas, en las que se enfrentaron el partido VAMOS, del expresidente Alejandro Giammattei, y el partido VALOR, que intentó debilitar la propuesta. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores por frenar su avance, el diputado Allan Rodríguez, de VAMOS, había hecho cabildeo para evitar la aprobación de la ley, aunque su historia incluye sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2022 por corrupción.

El GAFI, un organismo intergubernamental creado por el G7, tiene como misión establecer estándares internacionales y promover políticas para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La advertencia sobre el posible aislamiento de Guatemala si no se endurecían las leyes fue un factor determinante para la aprobación de esta legislación.

El diputado Samuel Pérez, cercano al oficialismo, destacó que la ley proporciona al Estado guatemalteco las herramientas necesarias para investigar y detectar estos delitos, y enfatizó que también busca prevenir que estas actividades delictivas afecten las remesas, en caso de que se implementen bloqueos a bancos que no cumplan con los estándares internacionales.

Respecto a los obstáculos enfrentados durante el proceso de aprobación, Pérez mencionó que algunos legisladores están implicados en el lavado de dinero, lo que dificultó el consenso. Aseguró que la delincuencia evoluciona constantemente, por lo que el Estado debe adaptarse a estos cambios.

La Oficina del Departamento de Estado de EE. UU. también expresó su apoyo a los esfuerzos de los países del hemisferio que buscan fortalecer sus leyes contra el lavado de dinero, resaltando que esta actividad representa una de las mayores amenazas para la seguridad en la región.