Grupo de ayuda legal demanda para evitar deportación de 12 menores hondureños

Un grupo de asistencia legal presentó una demanda legal para bloquear preventivamente cualquier esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para deportar a una docena de menores hondureños, afirmando que tenía información “creíble” de que tales planes estaban en marcha de manera silenciosa.

El Proyecto Florence por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (FIRRP, por sus siglas en inglés), con sede en Arizona, añadió el viernes a los menores hondureños a una demanda presentada el pasado fin de semana por la que un juez bloqueó temporalmente la deportación de docenas de niños migrantes a su natal Guatemala.

En un comunicado, la organización explicó que había recibido informes de que el gobierno de Estados Unidos “avanzará inminentemente con un plan para retirar ilegalmente a menores hondureños bajo custodia gubernamental tan pronto como este fin de semana, en violación directa de su derecho a buscar protección en Estados Unidos y a pesar del litigio en curso que bloqueó intentos similares de remociones extralegales para niños de Guatemala”.

De momento, el FIRRP no ha proporcionado a The Associated Press detalles sobre la información que había recibido acerca de la posible deportación de niños hondureños. La enmienda a la demanda de la organización está sellada en el tribunal federal. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios por correo electrónico el viernes y sábado.

Durante el fin de semana del Día del Trabajo, el gobierno del presidente Donald Trump intentó deportar a menores guatemaltecos que habían llegado solos a Estados Unidos y estaban viviendo en refugios o con familias de acogida.

Abogados que representaron a menores migrantes en la corte presentaron demandas en todo el país buscando impedir que el gobierno deporte a los niños, y el domingo pasado un juez federal intervino para ordenar que los niños permanezcan en Estados Unidos por al menos dos semanas.

Los menores comenzaron a cruzar la frontera solos en grandes números en 2014, alcanzando un pico de 152.060 en el año fiscal 2022. La cifra de arrestos de julio se tradujo en un ritmo anual de 5.712, reflejando cómo los cruces ilegales han caído a sus niveles más bajos en seis décadas.

Los guatemaltecos representaron el 32% de los residentes en instalaciones de detención administradas por el gobierno el año pasado, seguidos por hondureños, mexicanos y salvadoreños. Una ley de 2008 requiere que los niños comparezcan ante un juez de inmigración con la oportunidad de solicitar asilo, a menos que sean de Canadá y México. La gran mayoría son liberados de los refugios a padres, tutores legales o familiares directos al tiempo que sus casos avanzan en la corte.

La demanda fue enmendada para incluir a 12 niños de Honduras que han expresado al Proyecto Florence que no quieren regresar a Honduras, así como a otros cuatro niños de Guatemala que han ingresado a la custodia gubernamental en Arizona desde que la demanda fue presentada inicialmente la semana pasada.

Algunos niños tienen padres que ya están en Estados Unidos.

La demanda exige que el gobierno conceda a los niños su derecho legal a presentar sus casos ante un juez de inmigración, tener acceso a asesoría legal y ser colocados en el entorno menos restrictivo que sea en el mejor interés del niño.