Gremio de microfinancieras advierte peligro de cierre de 250 oficinas por alza del crimen

LIMA (AP) — El gremio de las microfinancieras en Perú advirtió el lunes que 250 sucursales de sus asociados podrían cerrar en zonas con alta incidencia del crimen organizado, lo que permitiría el avance de los préstamos monetarios realizados por criminales, que este año podrían alcanzar más de 1,7 millones de dólares.

Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, dijo en conferencia de prensa que las oficinas de las microfinancieras que podrían cerrar se ubican en la periferia de Lima, así como en las regiones La Libertad, Piura e Ica, donde existe fuerte presencia de grupos criminales.

Por eso propuso al gobierno del presidente José Jerí que se establezca un programa de garantías estatales, con el fin de que las microfinancieras asuman mayores riesgos y sigan atendiendo a los sectores informales, los cuales totalizan unos 10 millones de emprendedores —casi un tercio del total de 33 millones de la población de Perú— que no son atendidos por los grandes bancos. También pidió al mandatario derogar un conjunto de leyes que favorecen el crecimiento del crimen, algo que también ha sido exigido en varias protestas recientes.

En Perú los asesinatos subieron de 676 casos en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 2.305 en 2020 a 21.746 el año pasado, según datos de la fiscalía.

Solis indicó que los delincuentes no solo extorsionan a los pequeños empresarios, sino también a analistas de crédito de las microfinancieras, que visitan a sus clientes en sus negocios ubicados en zonas peligrosas. "Les cobran un salvoconducto para que puedan visitar a los clientes", denunció.

Entre agosto y octubre los cajeros automáticos de una microfinanciera y de un banco de capitales mexicanos fueron detonados por criminales.

Dijo también que el cierre de sucursales tendría consecuencias "gravísimas", ya que los emprendedores más vulnerables terminarían en manos de los préstamos de criminales, los cuales cobran tasas de interés superiores a 500% y cuyos efectos terminan descapitalizando a los negociantes.

Estudios del gremio de microfinanzas calcularon que en 2024 había aproximadamente 1,1 millones de dólares en préstamos criminales, pero a fines de 2025 podrían sumar 1,7 millones de dólares.

En julio el gobierno anunció por primera vez que el costo de la criminalidad suma el 1,7% del producto interno bruto, unos 5.000 millones de dólares, lo cual afecta negativamente las inversiones, sobre todo de pequeños negocios, en medio de una ola de extorsiones y asesinatos que azota al país sudamericano.