Gobierno contradice a DeSantis sobre estatus de inmigrantes detenidos en Florida

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Abogados del gobierno de Estados Unidos afirmaron que los inmigrantes detenidos en el centro apodado “Alcatraz con Caimanes” probablemente incluyeron personas que nunca han estado en procedimientos de deportación, lo cual contradijo directamente lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, había estado diciendo desde que se inauguró la instalación en julio.

Los abogados del Departamento de Justicia hicieron esa admisión el jueves en un documento judicial argumentando que los detenidos en esa prisión de los Everglades no tienen suficiente en común para que puedan presentar una demanda colectiva bajo la denuncia de que no están recibiendo el acceso adecuado a abogados.

Un procedimiento de deportación es un proceso legal iniciado por el Departamento de Seguridad Nacional para determinar si alguien debe ser deportado.

Los abogados del departamento federal escribieron que los detenidos en la instalación de los Everglades tienen demasiados estatus migratorios diferentes para ser considerados una clase.

“La clase propuesta incluye a todos los detenidos en Alcatraz con Caimanes, una instalación que alberga a detenidos en todas las etapas del procesamiento de inmigración, presumiblemente incluyendo a aquellos que nunca han estado en procedimientos de deportación, aquellos que serán colocados en procedimientos de deportación, aquellos que ya están sujetos a órdenes finales de deportación, aquellos sujetos a deportación expedita y aquellos detenidos con el propósito de facilitar la deportación conforme a una orden final de deportación”, escribieron.

Desde que se inauguró la instalación, DeSantis ha estado diciendo públicamente que cada detenido ha pasado por el proceso de determinar que no pueden estar legalmente en el país.

Durante una conferencia de prensa el 25 de julio fuera del centro de detención, DeSantis declaró: “Todos aquí ya tienen una orden final de deportación”.

“Se ha ordenado su remoción del país”, añadió.

En un discurso el 29 de julio ante una conferencia de la Asociación de Jefes Policiales de Florida, el gobernador republicano indicó: “Las personas que van al Alcatraz con Caimanes están ilegalmente en el país. A todos ya se les ha dado una orden final de deportación”.

Agregó: “Entonces, si tienen una orden de remoción, ¿cuál es la posible objeción a que el gobierno federal haga cumplir esa orden de deportación?”

La oficina de prensa de DeSantis no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

El documento judicial de los abogados del departamento federal fue incluido en una demanda en la que grupos de derechos civiles alegan que a los detenidos de la instalación se les ha negado el acceso adecuado a abogados en violación de sus derechos constitucionales. Los grupos de derechos civiles pidieron el jueves a un juez federal en Fort Myers una orden judicial preliminar que establecería protecciones más fuertes para que los detenidos se reúnan con abogados en privado y compartan documentos de manera confidencial.

El caso judicial es una de las tres demandas presentadas por grupos ambientales y de derechos civiles sobre el centro de detención, que fue construido apresuradamente este verano por el estado de Florida y operado por contratistas privados y agencias estatales.

Un juez federal en Miami ordenó en agosto que la instalación cese operaciones en un plazo de dos meses, coincidiendo con los grupos ambientales en que el sitio remoto de la pista de aterrizaje no recibió una revisión ambiental adecuada antes de ser convertido en un centro de detención de inmigrantes. Pero las operaciones continuaron después de que la orden judicial preliminar del juez fue suspendida a principios de septiembre por un panel de la corte de apelaciones. En un momento, la instalación albergó a más de 900 detenidos, pero la mayoría de ellos fueron transferidos después de la orden judicial inicial. No estaba claro el lunes cuántos detenidos había en el centro, que fue construido para albergar a 3.000 personas.

El presidente Donald Trump recorrió la instalación en julio y sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país mientras su administración impulsa la expansión de la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones. Funcionarios federales confirmaron el viernes que Florida ha sido aprobada para un reembolso de 608 millones de dólares por los costos de construcción y operación del centro de detención de inmigrantes.