Fin de acuerdos entre estados demócratas y el ICE por cooperación migratoria

Durante 18 años, los funcionarios de la cárcel del condado de Frederick, en Maryland, realizaron a miles de reclusos dos preguntas clave: ¿De qué país es usted ciudadano? y ¿dónde nació? Si la respuesta no era Estados Unidos, se iniciaba una investigación para determinar si la persona estaba en el país de manera ilegal. Desde 2008, el condado ha entregado a 1.884 personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según el jefe de la policía Charles Jenkins.

Sin embargo, esta práctica se detendrá con la nueva ley firmada el martes por el gobernador demócrata Wes Moore, que prohíbe los acuerdos de cooperación con el gobierno federal en materia de aplicación de leyes migratorias.

Esta ley de Maryland destaca la respuesta de los estados gobernados por demócratas ante la política migratoria del presidente Donald Trump. Actualmente, diez estados, todos bajo gobierno demócrata, han implementado políticas que prohíben la cooperación de agentes del orden en uno de los programas principales que el mandatario utiliza para ejecutar su agenda de deportaciones.

Recientemente, Nuevo México aprobó leyes similares y Maine ya tiene en vigor restricciones similares. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también apoya una legislación que prohibiría que las fuerzas del orden locales participen en estas prácticas. En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger terminó acuerdos estatales con el ICE, aunque aún quedan pactos con jefes de policía locales.

La resistencia demócrata ha crecido mientras el gobierno de Trump enfrenta críticas por sus tácticas de aplicación de leyes migratorias y por incidentes trágicos relacionados con agentes federales. Moore declaró que "debe haber rendición de cuentas para esta organización, porque en este momento, la operación del ICE de Trump-Vance no avanza con medidas adecuadas de rendición de cuentas".

El jefe policial Charles Jenkins, de larga trayectoria en el condado de Frederick, expresó su descontento con la nueva ley, indicando que esto obligará a liberar a personas que podrían cometer delitos nuevamente.

El programa 287(g), que permite a agentes locales interrogar y detener a individuos sospechosos de estar en el país de forma ilegal, fue ampliado por Trump a más de 1.400 acuerdos en 41 estados. Este aumento en la cooperación con el ICE ha sido acompañado de un incremento en el financiamiento federal para la aplicación de leyes migratorias.

Los jefes policiales y legisladores republicanos han advertido que prohibir estos acuerdos podría llevar a una mayor presencia de agentes del ICE en Maryland. El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que la nueva ley "hará que Maryland sea menos seguro" y aumentará la carga de trabajo en el estado.

La creciente oposición pública a la aplicación de leyes migratorias de Trump ha generado presión política para la aprobación de estas leyes en estados demócratas. El martes, la Cámara Alta de Virginia aprobó un proyecto que impondría salvaguardas a cualquier acuerdo 287(g) propuesto. La legisladora Saddam Azlan Salim afirmó que busca brindar tranquilidad a aquellos que temen ser deportados.