Extorsiones en Perú: miles de víctimas enfrentan un flagelo creciente

TRUJILLO, Perú — En un desértico sector de la provincia de Trujillo, sobre el Océano Pacífico, Gladys Saavedra observa con desconfianza a los extraños que se acercan a su mercado, donde trabaja junto a otras mujeres. A pesar de las escasas ventas, cada una debe abonar 300 dólares mensuales a los extorsionadores.

En junio del año pasado, el mercado fue incendiado luego de que las socias rechazaran las amenazas. Posteriormente, marcharon en busca de protección de las autoridades, pero la situación no mejoró.

En agosto de 2024, la casa de Saavedra fue atacada con explosivos que destruyeron la puerta y parte del techo, también por extorsión. Para proteger a su hijo, quien dejó de asistir a la universidad, Gladys entregó su celular a la policía, pero un mes después se lo devolvieron sin resultados en la investigación.

A sus 49 años, Gladys afirmó que las amenazas hacen que las víctimas, muchas de ellas madres solteras, no salgan de sus casas durante días. "No puedes ni asomar la cabeza por miedo a un balazo", comentó. "La casa es una cárcel sin rejas".

El miedo a la violencia es una de las principales preocupaciones de los peruanos, que el próximo 7 de junio votarán en un balotaje presidencial.

Un delito en aumento

Las extorsiones comenzaron a registrarse en Trujillo hace más de 20 años, pero en los últimos cinco años se han expandido por todo Perú. Según datos oficiales, las denuncias por extorsión se quintuplicaron, alcanzando 28.948 casos el año pasado. En el mismo período, los homicidios se duplicaron, con 2.226 asesinatos en 2025.

Los primeros afectados por este delito fueron los choferes del transporte público, quienes eran asesinados si no pagaban. En 2025, al menos 239 conductores fueron asesinados, según el Observatorio del Crimen y la Violencia.

Más de la mitad de los transportistas asesinados eran conductores de mototaxis, un medio de transporte común en las zonas periféricas. Sin embargo, los asesinatos de choferes de buses han provocado paros y protestas en el sector.

En un barrio de Trujillo llamado El Porvenir, donde se produce una cuarta parte del calzado nacional, el dirigente gremial Máximo Varas indicó que alrededor de 1.500 pequeños empresarios deben pagar a los extorsionadores para poder operar. "Todos pagan, incluso yo soy extorsionado, nadie se salva", aseguró.

Durante un recorrido por Trujillo, se observaron múltiples negocios, incluyendo buses, restaurantes y escuelas, que exhiben marcas en sus fachadas, una señal de que están pagando extorsiones. Las marcas son diversas: un puma, una cruz o una silueta de Batman.

La violencia ha aumentado notablemente, según el empresario Iván Díaz, de 58 años. En 2023, fue secuestrado por delincuentes que se hicieron pasar por policías y le exigieron un rescate de 250.000 dólares. Sus captores le cortaron parte de dos dedos de la mano y enviaron videos de tortura a su familia.

En mayo, la justicia condenó a cadena perpetua a cuatro miembros del grupo criminal Los Pulpos, que opera en Trujillo desde la década de 1990.

Las explosiones por el uso de dinamita, proveniente de la minería informal, también han aumentado. En 2025, se registraron 136 detonaciones en Trujillo, principalmente contra pequeños empresarios y la Fiscalía. En marzo, una explosión en una discoteca dejó más de 40 heridos.

Pocos fondos para enfrentar a la delincuencia

En julio del año pasado, el Ministerio de Economía calculó que el impacto de la inseguridad en la economía nacional equivale al 1,7% del Producto Interno Bruto, aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales. Esta cifra incluye tanto la inversión estatal en operativos policiales como los gastos privados en seguridad.

Los barrios periféricos de Perú carecen de infraestructura básica y de una adecuada presencia policial, mientras que los municipios más acomodados, como San Borja en Lima, cuentan con una alta presencia de policías y agentes de seguridad privada.

Expertos en seguridad sugieren que es esencial una depuración de la policía, que cuenta con unos 130.000 efectivos, y un aumento en el financiamiento para la investigación.

Un agente de policía, que prefirió no ser identificado, señaló que por falta de tecnología, la policía no puede rastrear los teléfonos vinculados a las billeteras digitales que utilizan los criminales para recibir pagos.

El diputado electo Harvey Colchado, también ex-policía, destacó que la fuerza está desfinanciada. Hace cinco años, cada unidad policial de investigación tenía un presupuesto mensual de 29.000 dólares, pero ahora no cuentan con fondos.

Además, un paquete de leyes aprobadas por el Parlamento ha dificultado el arresto preventivo en ciertos casos y ha elevado los requisitos para confiscar bienes a delincuentes.

"Esto es un cáncer... los policías no tienen los recursos necesarios para rastrear llamadas o mensajes. Esa es la única forma de detener esto", concluyó Saavedra.