Estados Unidos impone sanciones a presidenta y juez de la Corte Penal Internacional

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- Estados Unidos dio a conocer este martes la implementación de sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y el juez senegalés Abdoulaye Seye, actual sustituto del fiscal del tribunal, lo que representa un nuevo avance en la estrategia del Gobierno del presidente Donald Trump para debilitar esta institución.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en un comunicado que "estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" de dicho tribunal.

Este anuncio se alinea con lo que Rubio había anticipado en julio, cuando prometió un endurecimiento de la campaña contra la corte, según reportes del sitio DW y de la Agencia Noticias Argentinas.

El funcionario también destacó que "la administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía".

Las sanciones impuestas por Washington incluyen la prohibición de ingreso a EE.UU. y el congelamiento de activos en este país para varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos.

Akane, en su rol como presidenta de la CPI, tiene principalmente funciones institucionales y de representación, mientras que Seye ha supervisado indagaciones relacionadas con la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, un tema que resulta especialmente sensible para la administración estadounidense.

Es importante mencionar que EE.UU. no reconoce la jurisdicción de la CPI para juzgar a sus ciudadanos, dado que nunca firmó el Estatuto de Roma, y aplica la misma postura en relación a Israel y sus ciudadanos, quienes tampoco son firmantes.

Ante estas sanciones, la CPI emitió un comunicado en el que sostiene que estas acciones "socavan el Estado de derecho".

El tribunal con sede en La Haya manifestó que "cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo". Además, reafirmó su compromiso de seguir desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y conforme al Estatuto de Roma, el tratado que da origen a la corte.

Agencia NA