España impulsará reformas en leyes de asilo tras crisis migratoria en Ceuta

España aprobó los anteproyectos de reforma de las leyes de asilo y extranjería, con el objetivo de establecer un sistema de protección más ágil, eficaz y ordenado, en respuesta a la crisis migratoria que se produjo a finales de julio, cuando entre 70.000 y 80.000 personas ingresaron a Ceuta.

Una de las principales novedades es la introducción del triaje, un proceso que permitirá la recolección de información de los migrantes que llegan a España sin haber pasado por los controles fronterizos. Este proceso tendrá una duración de 72 horas, aunque podrá ser prorrogado por decisión judicial.

En cuanto a las solicitudes de protección internacional, la nueva legislación diferenciará entre el procedimiento ordinario y el acelerado, que deberá resolverse en un plazo de tres meses, según lo informado por el sitio DW y confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

El objetivo del gobierno español es adaptar la normativa al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, tal como indicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa.

Los cambios propuestos incluyen la actualización y precisión de las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria, incorporando explícitamente situaciones como la persecución por motivos de género, identidad de género y discapacidad.

Como principio general, el anteproyecto de nueva ley de asilo se desarrolla con un enfoque garantista y de respeto a los derechos humanos de los migrantes, buscando equilibrar esta perspectiva con la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país, según un comunicado del Ministerio del Interior español.

El principal objetivo es crear un sistema más ágil y eficaz que responda al aumento de solicitudes, que pasaron de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025, sin comprometer las garantías de quienes solicitan o se benefician de la protección internacional.

Además, el anteproyecto de ley de extranjería contempla el procedimiento fronterizo de retorno establecido en el PEMA, que busca agilizar el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular y no tienen derecho a protección internacional. Este retorno deberá realizarse en un plazo de doce semanas, manteniendo un equilibrio entre eficacia y garantías.

Para quienes soliciten protección internacional, la reforma también regula un derecho de permanencia en el país, que no confiere el derecho a obtener una autorización de residencia si la persona incurre en alguna de las causales que justifican la denegación de entrada o la orden de devolución.

Si se rechaza una solicitud de protección internacional, la persona recibirá una notificación junto con la denegación de entrada, que le obligará a abandonar el país, según lo estipulado en la iniciativa del Gobierno español.